El fiscal provincial de Pichincha pidió hoy a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que inicie una instrucción penal por presuntas irregularidades en la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, anunció hoy la Fiscalía.
A raíz de un informe de la Contraloría General de Ecuador, donde se establecen indicios de responsabilidad penal en la "contratación y ejecución del contrato de concesión del Aeropuerto de Quito", el fiscal Marco Freire pidió a la CNJ realizar una audiencia de formulación de cargos e iniciar una instrucción fiscal.
La instrucción se hará contra el procurador síndico de Quito, Carlos Jaramillo; la ex concejala Vilma Andrade y los concejales María Cárdenas, Paulina Espinoza, Gonzalo Ortiz y Andrés Vallejo.
El fiscal de Pichincha, cuya capital es Quito, considera que los imputados podrían haber cometido "un delito de peculado en la concesión del nuevo complejo aeroportuario de Quito, que además del aeropuerto, incluye una zona franca, un parque tecnológico y un centro logístico aeroportuario".
La nueva terminal aérea se construye en el sector de Tababela, a unos 30 kilómetros al este de Quito, y sustituirá al actual aeropuerto "Mariscal Sucre", situado en una zona altamente poblada de la ciudad.
La concesión de la construcción del aeropuerto fue entregada en junio de 2005 a la empresa Canadian Commercial Corporation mediante un convenio firmado por el ex presidente Alfredo Palacio, el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo, y el embajador de Canadá en Ecuador en ese momento, Brian Oak.
Pero en noviembre de 2007, la Comisión Anticorrupción comenzó a cuestionar ese contrato por considerar que vulneró principios jurídicos, además de carecer de una licencia ambiental, y empezó un proceso de investigación que desemboca en la instrucción de Freire.
