El ministro de Seguridad de la capital argentina, Guillermo Montenegro, insistió hoy en que el juez que investiga las escuchas telefónicas ilegales a políticos y empresarios sea apartado de la causa, que salpica al gobierno del conservador Mauricio Macri.
"Vamos a dar todas las explicaciones. No tengo nada que ocultar", afirmó Montenegro a los periodistas, minutos después de presentar un escrito ante el juez federal Norberto Oyarbide, a quien recusó.
En el escrito, según fuentes judiciales, el funcionario, acusado de presunto encubrimiento, planteó que está dispuesto a declarar, pero una vez que se defina la recusación que presentó contra Oyarbide.
Las fuentes agregaron que Montenegro presentó también en las últimas horas un recurso ante el máximo tribunal penal del país contra un fallo judicial que hace dos semanas desestimó su pedido para que Norberto Oyarbide fuera desplazado de la investigación.
Esta semana, el magistrado ordenó la detención de los ex jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, acusados de haber autorizado las escuchas ilegales.
A fines del pasado año fueron procesados y detenidos el ex jefe de la Policía de Buenos Aires Jorge "Fino" Palacios y el antiguo agente federal Ciro James, acusados de "intervención indebida de las comunicaciones y falsificación ideológica de documentos públicos".
El polémico caso de espionaje se destapó en octubre, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (ocurrido el 18 de julio de 1994), por parte de Palacios.
El alcalde de Buenos Aires había encargado a Palacios la tarea de crear la Policía Metropolitana, en funciones en la capital argentina desde comienzos de este año.
El escándalo levantó una fuerte polémica entre el Ejecutivo porteño y el Gobierno de Cristina Fernández, que se reavivó a comienzos de este mes cuando Oyarbide decidió citar a declarar a Macri por su presunta implicación en la causa.
Los investigadores del caso encontraron información sobre espionaje ilegal en computadoras incautadas en una agencia de seguridad controlada por Palacios y con la que también está supuestamente relacionado el antiguo subjefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, a quien Macri destituyó en noviembre pasado.
