Unas 30 personas acamparon hoy en Chile en la ribera del río Mapocho para exigir la condonación de sus deudas contraídas con los bancos para la compra de viviendas sociales, ya que alegan que no las pueden pagar.
Pertenecen a la asociación Andha Chile a Luchar y hace unas semanas seis de ellos permanecieron 20 horas subidos en una grúa de 25 metros para denunciar su desesperación.
Estas personas, que proceden de estratos bajos, adquirieron viviendas subsidiadas por el Estado con un crédito hipotecario en la banca que ahora no pueden enfrentar debido a los intereses acumulados.
"He pagado mi casa más de cuatro veces y me quedan once años para poder deshacerme del crédito y evitar que me echen", asegura Priscilla, una de las acampadas bajo el puente Pío Nono, al lado del río Mapocho y a metros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Juanita, una anciana nombrada cocinera del grupo, aseguró que las autoridades han abierto las compuertas de la canalización para subir el nivel del agua y "amedrentarles".
Los acampados, en su mayoría mujeres, se quejan del cerco policial que les vigila constantemente y explican que algunos han tenido que abandonar la protesta por la insalubridad del agua, que les está causando enfermedades.
Roxana Miranda, portavoz de la agrupación, acusa al Gobierno de "llamar a la desesperación de la gente" para que refinancie sus créditos y se acoja a una solución "que no sirve".
El Ejecutivo propone facilitar la condonación del 50% de las deudas y renegociar el saldo en un mayor plazo, para que la cuota sea más baja, pero los afectados piden una condonación total.
Según Miranda, la propuesta es insuficiente porque "refinancia los créditos a treinta años" y para presionar incluye "quitar la vivienda a la familia al tercer dividendo sin pago".
"Son familias vulnerables, sin trabajo, por lo tanto las subastas (por morosidad) van a llegar en algún momento", sostuvo.
"Nosotras siempre hemos dicho que esta lucha es a morir y si es necesario hacer cosas más extremas las vamos a hacer", manifestó Miranda desde la grúa a la que se subió el pasado 23 de abril.
Esas palabras le costaron una imputación por amenazas contra la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
"Hay parlamentarios involucrados con el negocio de la vivienda, dueños de inmobiliarias y constructoras, por lo que se entiende la tozudez del Gobierno", afirmó Miranda.
Los deudores aseguran que no levantarán el campamento hasta que el Gobierno, al que acusan de lucrarse con la vivienda social, les ofrezca soluciones.
