El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha recibido hoy un informe relativo al genocidio cometido en Guatemala en la década de los ochenta que desvela, según la acusación, que un 35 por ciento de las víctimas de una violencia "generalizada e indiscriminada" fueron niños.
Así consta, según han informado fuentes de la acusación, en la documentación aportada por el testigo Freddy Cecerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, elaborada a partir del análisis de más de 800 exhumaciones de víctimas de la masacre.
Una masacre que, para la acusación, fue "generalizada e indiscriminada", ya que el 35 por ciento de las víctimas fueron niños y un 22 por ciento mujeres, asesinados la mayoría de ellos de un disparo en la nuca.
El procedimiento sobre el genocidio en Guatemala, que según el juez causó más de 250.000 víctimas -45.000 siguen desaparecidas, de las que el 83 por ciento eran mayas-, se inició en España a raíz de la denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 1999 contra siete militares y civiles, a los que acusó de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
En la causa también están personadas la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Justicia y Responsabilidad.
Pedraz tomará mañana declaración a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle, quien tiene previsto entregar al magistrado un informe del departamento de Estado guatemalteco que aún está clasificado y que, según la acusación, identifica a responsables de ordenar perpetrar la masacre cometida en Guatemala en la década de los ochenta.
