Un juez aprobó hoy el acuerdo al que llegaron el Gobierno de EE.UU. y tribus indias a raíz de una demanda colectiva por discriminación en la concesión de créditos agrícolas y que obligará al Estado a pagar 760 millones de dólares.
El juez federal del Distrito de Columbia Emmet Sullivan, calificó de "históricos, justos y apropiados" los términos del acuerdo extrajudicial, alcanzado el año pasado tras más de una década de litigios, informaron hoy el Legal Times y el Native American Times.
El importe de 760 millones de dólares incluye el pago de 680 millones en indemnizaciones y 80 millones en concepto de condonación de los pagos que tienen pendientes para amortizar los créditos.
El acuerdo también exige al Departamento de Agricultura que mejore el servicio crediticio que tiene para los pueblos nativos.
Los demandantes acusaron al Gobierno de haber negado entre 1981 y 2007 a granjeros y agricultores indios las mismas oportunidades de obtener préstamos con intereses bajos que las que concedía a los blancos y por ello perdieron cientos de millones de dólares.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó que la aprobación del acuerdo por parte del juez "representa un paso importante más a la hora de resolver un desafortunado capítulo en la historia de derechos civiles del Departamento de Agricultura".
"La aprobación del acuerdo nos ayudará a fortalecer nuestra relación de 'nación a nación' con los territorios indios y reforzar la idea de que todos los ciudadanos tienen el derecho de recibir un trato justo por parte de su Gobierno", agregó en un comunicado.
Los abogados de las tribus aseguraron que la aprobación del acuerdo "marca el fin de un capítulo desafortunado en la historia" de la nación, "en la que la discriminación en la concesión de créditos contra estadounidenses nativos el Departamento de Agricultura era la norma", según Joseph Sellers, del bufete Cohen Milstein Sellers & Toll.
Se calcula que decenas de miles de granjeros indios recibirán una compensación. El acuerdo establece dos posibilidades para las indemnizaciones: una es recuperar hasta 50.000 dólares y la segunda tiene un límite de 250.000 dólares, dependiendo de las pruebas que aporten de las pérdidas económicas que han sufrido por la discriminación.
El importe total acordado se acerca prácticamente al máximo que los denunciantes podrían haber aspirado en un juicio.
