Un tribunal penal de Guatemala conocerá mañana los trece recursos que ha interpuesto la defensa del exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt en un intento por evitar que sea procesado por genocidio y crímenes de guerra, informó hoy a Efe un portavoz de la parte querellante.
Ríos Montt, de 85 años, es acusado por la Fiscalía y organismos como el no gubernamental Centro Legal para los Derechos Humanos (Caldh) de ser el responsable de las matanzas de civiles ocurridas durante los 18 meses que gobernó de facto Guatemala, entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
El juez del Tribunal Mayor de Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, "escuchará a las partes por los trece recursos" presentados por la defensa, pero no podrá decidir aún si ordena un juicio en contra de Ríos Montt, dijo este lunes a Efe José Rodríguez, portavoz del Caldh, organismo querellante adherido en el proceso.
Ello, porque una Sala de Apelaciones tiene primero que resolver una recusación contra Gálvez promovida por la defensa del militar, que duda de su imparcialidad.
La decisión de la Sala de Apelaciones, que aún no ha establecido cuándo decidirá sobre la recusación, es indispensable para que la Fiscalía pueda presentar la acusación formal de genocidio contra Ríos Montt, en base a la cual el juez debe decidir si será o no sometido a juicio.
Gálvez suspendió en dos ocasiones la audiencia en la que la Fiscalía presentaría la acusación en contra el militar.
Primero en marzo pasado debido a que otros dos generales acusados por el mismo caso, Héctor López y José Rodríguez, no comparecieron a la corte alegando enfermedad, y luego en el pasado 11 de abril debido a un "error de procedimiento".
Ríos Montt se encuentra en arresto domiciliario desde enero pasado, cuando de forma voluntaria se presentó ante la Justicia.
López y Rodríguez están recluidos en un centro de salud, el primero por padecer un cáncer terminal y el segundo por quebrantos de salud de origen no determinado, según han señalado sus abogados.
López, quien fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, y Rodríguez, exdirector de Inteligencia, son acusados por la Fiscalía de los delitos de genocidio y de lesa humanidad entre 1982 y 1985.
Según las investigaciones, López es responsable de al menos 317 muertes en el área de Ixil, en el noroeste de Guatemala, y Rodríguez del diseño y ejecución de tres planes militares contra insurgentes en los que fueron asesinados 1.771 indígenas.
Otro exgeneral implicado en delitos de genocidio, Oscar Mejía Víctores (1983-1985), quedó en libertad en diciembre pasado luego de que el tribunal lo declaró incapaz de afrontar un juicio debido a un derrame cerebral que sufrió.
Mejía Víctores se había entregado a la justicia en octubre de 2011.
