La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, pueden haber sido víctimas del caso de espionaje ilegal que salpica a la Alcaldía de Buenos Aires, dijo hoy el juez Norberto Oyarbide, el encargado de investigar el asunto.
El magistrado aclaró que la investigación del caso "todavía no está completa" pero admitió que en ordenadores incautados a los acusados de espionaje "también estaban los datos personalísimos" de Fernández y su marido.
El asunto es "extremadamente delicado", apuntó a radios locales luego de afirmar que hace falta que la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicio secreto) confirme las sospechas.
Oyarbide explicó que en ordenadores incautados en estos días a la firma Security Consulting se hallaron registros con información sobre tres legisladores comunales y sobre el propio jefe del gabinete de la Alcaldía de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Security Consulting pertenece al ex comisario Jorge Palacios, quien renunció a ser el jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, que aún no está operativa, cargo que le había ofrecido el alcalde porteño, Mauricio Macri.
Oyarbide apuntó que los registros informáticos incautados estaban en una carpeta con el nombre "Osvaldo", que parece aludir Osvaldo Chamorro, subjefe de la Policía Metropolitana.
Palacios renunció después de que el colectivo judío le acusara de encubrir a cómplices del atentado que en 1994 causó 85 muertos y centenares de heridos al arrasar con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, cargo por el que el ex policía está procesado por la Justicia.
Néstor Leonardo, uno de los cuñados de Macri, recibió heridas leves al ser atacado a balazos a las puertas de su casa el miércoles pasado, un día después de que acusara al alcalde de "hostigamiento" y de intervenciones ilegales de sus teléfonos al ser citado como testigo por el juez Oyarbide.
El magistrado mantiene procesado y detenido a Ciro James, antiguo agente de la Policía Federal y funcionario de la Alcaldía de Buenos Aires que aspiraba a formar parte de la fuerza de seguridad que Macri prevé que empiece a operar el 10 de diciembre próximo.
El escándalo se desató en octubre, durante la investigación de una denuncia de Sergio Burstein, familiar de uno de los 85 muertos que dejó el atentado contra la AMIA, quien dijo que su teléfono estaba intervenido, según le habían advertido en forma anónima.
Oyarbide estableció que el teléfono de Burstein había sido intervenido con la participación de dos policías de la provincia de Misiones (noreste) que han sido detenidos y declararon que la intromisión ilegal les había sido recomendada por el detenido James.
Macri, ex presidente del popular club de fútbol Boca Juniors, y sus colaboradores han dicho en varias ocasiones que son víctimas de maniobras políticas de quienes se oponen a la Policía Metropolitana.
El alcalde impulsó la creación de esa fuerza de seguridad porteña luego de fracasar sus gestiones con el Gobierno de Fernández para que éste traspasara la Policía Federal a la órbita de la capital argentina con sus fondos correspondientes, que rondan unos 250 millones de dólares anuales.
