Un tribunal guatemalteco ordenó, a petición de la Fiscalía, la captura del ex legislador salvadoreño Roberto Silva, para que sea procesado en el país por el asesinato de tres diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) perpetrado en 2007, informó hoy una fuente judicial.
El Juzgado Noveno de Instancia Penal ordenó la detención nacional, lo que implica que ahora se deberá tramitar la orden de captura internacional con fines de extradición debido a que Silva está detenido en Estados Unidos por violar leyes migratorias.
Según el fiscal que investiga los asesinatos de los tres diputados salvadoreños ante el Parlacen, Edwin Marroquín, la orden de detención internacional será tramitada ante el mismo tribunal, aunque no especificó una fecha.
Después se pedirá la extradición por los delitos de "cuádruple asesinato, conspiración y asociaciones ilícitas", precisó a la prensa el fiscal del caso Parlacen.
El ex diputado salvadoreño es señalado por Marroquín de ser uno de los autores intelectuales del crimen de los tres políticos y su chofer perpetrado en Guatemala el 19 de febrero de 2007.
La Fiscalía, agregó Marroquín, ya acordó con su par salvadoreña -que también solicitó a EE.UU. la extradición a ese país de Silva para procesarlo por delitos de corrupción- que primero sea entregado a la Justicia guatemalteca para que responda por el asesinato de los parlamentarios, apuntó.
El 19 de febrero de 2007, los cadáveres calcinados de los diputados salvadoreños al Parlacen, Eduardo D'Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez fueron hallados en una comunidad rural del este de Guatemala.
Según la Fiscalía, la matanza fue "planificada, coordinada y ejecutada" por Silva, para vengarse del oficialista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de El Salvador, cuyos diputados fueron los que promovieron su desafuero, en noviembre de 2006, de la Asamblea Legislativa.
El cuádruple asesinato habría sido ejecutado en complicidad con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, y el socio de éste, Carlos Gutiérrez, alias "Montaña 3", y ejecutada por los integrantes de la denomina "Banda de Jalpatagua" y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.
Los cuatro policías guatemaltecos que habían sido detenidos como autores materiales de la matanza, fueron asesinados dos días después en la prisión en la que habían sido recluidos.
Castillo, Gutiérrez y siete supuestos integrantes de la "Banda de Jalpatagua", dedicada al narcotráfico, robo de furgones y asalto de turistas, se encuentran detenidos por este hecho, acusados de los delitos de cuádruple asesinato, conspiración, asociaciones ilícitas y encubrimiento propio.