El Gobierno de Evo Morales planteó al Poder Legislativo un proyecto de ley que permitiría al gobernante hacer designaciones directas interinas para llenar las vacantes en los más altos órganos del Poder Judicial, informaron hoy fuentes oficiales.
El senador Fidel Surco y la diputada Rebeca Delgado, miembros del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, dijeron que el proyecto de norma faculta a Morales a hacer nombramientos en los altos órganos del Poder Judicial.
Con esa norma, Morales podrá en concreto designar a seis miembros de la Corte Suprema, a cinco titulares e igual número de suplentes en el Tribunal Constitucional y a cuatro miembros del Consejo de la Judicatura, para llenar las vacantes existentes, explicó Delgado.
Será una norma transitoria que permitirá a quienes sean designados ocupar los cargos hasta el próximo 5 de diciembre, cuando se celebrará una elección en las urnas de los nuevos magistrados del Poder Judicial, tal como establece la nueva Constitución.
Los legisladores oficialistas controlan el Senado y la Cámara de Diputados y han dado por segura la aprobación de la norma que comenzó a discutirse hoy en comisiones con vistas a su aprobación la próxima semana en el pleno de ambas instancias legislativas.
En la reunión de comisiones, los legisladores de la oposición protestaron porque no habían recibido ni una copia del proyecto de ley y tuvieron que enterarse por la prensa de su contenido que rechazan porque ven una violación de la independencia de poderes.
El senador oficialista Surco dijo que "es urgente" la aprobación de la norma de la Asamblea para corregir lo que, a su juicio, es actualmente una "mala la administración de justicia en el país".
De su parte, Delgado señaló que la denuncia de que se atenta contra la independencia de poderes es "infundada" porque, en su opinión, la oposición no quiere debatir sobre el tema y "está haciendo un juego de oposición destructivo porque no plantean nada alternativo".
El diputado opositor de Unidad Nacional, Jaime Navarro, lamentó que el proyecto haya sido manejado como "secreto de Estado" porque los opositores conocieron el proyecto por la prensa, pese a que el reglamento de la Cámara establece que las propuestas de norma deben difundirse oficialmente 24 horas antes.
Navarro opinó que el proyecto plantea "el ejercicio discrecional en la designación" de los miembros del Poder Judicial, en tanto que su colega Adriana Gil, del Plan Progreso Bolivia, también opositor, sostuvo que no puede cambiarse la justicia de esta forma.
Gil criticó que "venga todo impuesto" del Ejecutivo "para tener gente servil y funcional manejando y manoseando la justicia, como hicieron los neoliberales" y le advirtió al presidente Morales que no está cumpliendo la Constitución Política del Estado.
Durante su primera gestión, el Gobierno y el partido del gobernante se estrellaron contra el Poder Judicial con denuncias de corrupción y demandas ante el Congreso que provocaron una crisis por sucesivas renuncias producidas en varios órganos judiciales.
El Tribunal Constitucional cesó completamente sus funciones el 26 de mayo del 2009 con la renuncia de su última magistrada, en tanto que en el Consejo de la Judicatura queda sólo un juez de cinco y en la Corte Suprema hay seis vacantes en doce puestos.
La parálisis del Tribunal Constitucional dejó en un vacío jurídico más de 4.000 demandas que afectan a 27.000 ciudadanos.
Hace unos quince días, el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, quien estaba suspendido a la espera de que se le instaure un juicio en su contra, renunció al cargo con el argumento de que el proceso no puede avanzar en la Asamblea Legislativa.
