El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad para dejar sin efecto la norma que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y policías durante la dictadura (1973-1985), fue aprobado hoy en la Comisión de Constitución de Diputados de Uruguay por cinco votos de nueve.
La Ley de Caducidad, aprobada tras el fin de la dictadura, fue refrendada por la población en dos plebiscitos, el primero en 1989 y el otro en 2009, cuando ganó las elecciones presidenciales José Mujica, de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.
El proyecto interpretativo de la ley, impulsado por el Frente Amplio, tiene por finalidad declarar "inaplicables" tres artículos de la misma porque, a juicio de sus redactores, violan la Constitución de la República.
El primer paso para que el texto pase definitivamente ha sido su aprobación este lunes en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, compuesta por cinco delegados oficialistas, dos del Partido Nacional y otros dos del Partido Colorado.
El siguiente paso se llevará a cabo este miércoles, cuando sea analizado en el plenario de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es mayoría, informó hoy a Efe el presidente de la comisión, el diputado Jorge Orrico.
Después debería ir al Senado, que también está en manos de la fuerza gubernamental.
La principal inquietud del oficialismo con respecto a la Ley de Caducidad es la posible condena del Estado uruguayo en el proceso abierto en enero pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman y madre biológica de Macarena Gelman.
La oposición considera que la idea del Frente Amplio vulnera directamente la decisión del pueblo e incluso califican el proyecto de inconstitucional.
También dentro del oficialismo existen algunas posiciones encontradas, como en el caso del senador Jorge Saravia, quien dijo a Efe no estar de acuerdo con el texto por querer pasar "por encima de la voluntad del pueblo", si bien confirmó que votará a favor para no romper la disciplina del partido.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado impide juzgar a militares y policías por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Uruguay durante la dictadura, aunque no protege los delitos cometidos por civiles ni los que ocurrieron en el extranjero.
Asimismo, la norma otorga al Poder Ejecutivo el poder para decidir qué casos quedan amparados por la ley y cuáles no.
