El sacerdote Mario Orantes, juzgado y condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, en 1998, solicitó hoy la redención de pena para recuperar su libertad.
La ley de redención de penas en Guatemala permite a los condenados salir en libertad luego de cumplir la mitad de la condena a la que fueron sentenciados por los tribunales de justicia.
El abogado de Orantes, José Toledo, explicó a los periodistas que hoy presentó el recurso a favor de su cliente en el Juzgado Primero de Ejecución Penal, el cual deberá determinar si le concede la libertad al religioso.
Toledo dijo que la petición de libertad anticipada del sacerdote se basa en la labor pastoral y en su buena conducta dentro del penal, en el que cumple su condena desde 1999.
Orantes fue juzgado y declarado culpable de complicidad en el delito de ejecución extrajudicial del obispo auxiliar de Guatemala.
Gerardi fue asesinado de un golpe en la cabeza el 26 de abril de 1998, en la cochera de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, situada a unos 300 metros de la casa Presidencial de Guatemala.
El brutal crimen se cometió 54 horas después de que el obispo presentara públicamente su informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), "Guatemala Nunca Más".
En el Remhi se documentaron más de 50.000 violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), atribuidas en su mayoría al Ejército.
Fuentes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha) explicaron hoy que no se opondrán a la redención de pena solicitada por el sacerdote.
El coronel Byron Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima, también cumplen una sentencia de 20 años de prisión desde 1999, tras ser declarados culpables como coautores del asesinato de Gerardi.
Otro implicado en el crimen del religioso, el ex guardaespaldas presidencial Obdulio Villanueva murió degollado durante un motín de presos registrado en 2003.
El proceso judicial para esclarecer e identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del religioso aún continúa abierto, según la Odha, que actúa como querellante adherida del caso.
