Un tribunal de San José emitirá mañana el fallo del juicio contra el ex presidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y otros siete imputados, por el supuesto reparto de comisiones de un préstamo otorgado por Finlandia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Todo está listo para que mañana a partir de las 14.00 hora local (20.00 GMT) y con un fuerte dispositivo de seguridad, los jueces lean la sentencia de un juicio que concluyó el pasado 21 de septiembre, después de 10 meses de debate, y que es el primero en la historia del país en contra de un ex mandatario.
Calderón, que aspira a la reelección en las elecciones de febrero próximo por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se declaró inocente en el último día de debate, única ocasión en que rindió declaración durante el juicio.
El Ministerio Público solicitó 24 años de cárcel para el político por los delitos de desvío de fondos públicos y corrupción, por el presunto reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo de 39,5 millones que la CCSS suscribió con Finlandia en 2002 para la compra de equipo médico a una empresa de esa nación.
La acusación de la Fiscalía indica que Calderón y los otros siete imputados idearon un "plan delictivo" para garantizar la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo contraído por el Estado.
Según la Fiscalía, el ex presidente recibió en una cuenta bancaria de Panamá una comisión de 520.000 dólares proveniente del crédito.
La Procuraduría General de la República solicitó una indemnización de 89 millones de dólares y la CCSS otra por 46 millones de dólares por los daños ocasionados, montos que de ser aprobados por los jueces, deberán ser pagados en partes iguales por los acusados.
En el último día del debate, Calderón aseguró a los jueces que obtuvo el dinero lícitamente como honorarios por "asesorías" en el ámbito privado, como cualquier profesional tras terminar la función pública.
"Presté mis servicios a una empresa privada que me pagó. No he recibido dinero alguno de la Caja Costarricense del Seguro Social", dijo el ex presidente, en una fase del proceso en la que no ya no podía ser interrogado ni por los letrados ni por la Fiscalía.
Calderón sostuvo que su asesoría consistió en aconsejar cómo se debía tramitar el proyecto en la Asamblea Legislativa y acusó a la Fiscalía de "extorsionar" a algunos testigos para declarar en su contra.
Afirmó que es "un juicio político y mediático" para "destruir" lo que representa como político.
Su amigo y ex presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, imputado en el caso, involucró a Calderón y lo responsabilizó del reparto de comisiones en 2002.
Otro de los acusados, el presidente de la Corporación Fischel, Walter Reiche, representante en Costa Rica de la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical, que vendió los equipos médicos a la CCSS, también incriminó a Calderón.
La Fiscalía solicitó para Vargas 20 años de cárcel por el delito de desvío de fondos públicos y corrupción, mientras que para Reiche, uno de los testigos más importantes, solo pidió cuatro años de prisión por haber confesado.
