El Gobierno de Venezuela envió hoy una comisión negociadora a una cárcel donde desde el pasado miércoles un grupo de presos tiene secuestrados a 22 funcionarios, entre ellos el director del penal, para procurar una salida pacífica a la situación.
La directora nacional de derechos humanos del Ministerio de Interior, Tibaide Hernández, informó a periodistas que "ya se redactó un acta de compromiso" en la que se señalan los acuerdos y ahora sólo esperan la respuesta de los internos.
Una de las voceras de los familiares de los presos María Zorrilla, confirmó que "hoy se han alcanzado algunos logros" pues el Ejecutivo accedió a no intervenir la cárcel ni trasladar a los presos, "sólo estamos a la espera de firmar el acta de compromiso".
La tarde del miércoles un grupo de presos de la cárcel El Rodeo II, ubicada en la ciudad de Guatire, vecina a Caracas, tomó como rehenes a 22 funcionarios, incluyendo al director del penal, para exigir atención médica a un brote de tuberculosis que, aseguran, hay en el internado.
Zorrilla declaró a periodistas que durante las negociaciones con la comisión gubernamental, los familiares pudieron dialogar con representantes de los ministerios Público, de Interior y de Salud.
El día de ayer, los familiares de los presos denunciaron a Efe que fuerzas policiales habían agredido a varios parientes de uno de los internos que se mantiene en la protesta para forzarlo a liberar a los rehenes.
El fiscal del Ministerio Público Víctor Maldonado solicitó a los internos, frente a periodistas, que se comprometan a cumplir su parte de liberar a los 22 funcionarios pertenecientes al Ministerio de Interior.
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, confirmó a Efe al inicio del secuestro que los presos adoptaron tal medida después de que un interno con tuberculosis fue trasladado a otra cárcel, en lugar de ser internado en un hospital.
El pasado 13 de abril, más de un centenar de presos de una cárcel del sureño estado Bolívar se hicieron heridas con armas blancas en lo que llamaron "huelga de sangre" para asimismo exigir atención médica periódica, aunque además exigían el regreso de un recluso que había sido trasladado a otro penal.
Según datos oficiales, en Venezuela hay una población reclusa de 44.520 personas repartidas por una treintena de prisiones, donde se reportan altas tasas de violencia.
Entre 2005 y 2009 murieron 1.865 presos y 4.358 resultaron heridos en hechos de violencia en prácticamente la totalidad de las penitenciarías, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
