Dirigentes de la empresa privada de alimentos y bebidas Polar de Venezuela anunciaron hoy que pedirán en los tribunales la nulidad de intervención estatal de sus plantas arroceras, la que calificaron como "un exabrupto" gubernamental.
El consultor jurídico y el director de operaciones de Polar, Guillermo Bolinaga y Luis Carmona, respectivamente, anunciaron en una rueda de prensa que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y garantizaron que, pese a rechazarla, no obstaculizarán la decisión adoptada el sábado por el presidente del país, Hugo Chávez.
Esta empresa es responsable del 6 por ciento del mercado nacional de arroz y le atribuye al Estado el control de un 48 por ciento.
Chávez ordenó la intervención estatal con apoyo militar y advirtió que nacionalizará todo el sector en poder de la empresa privada si persiste en que lo llamó "burla a la ley".
"Si se ponen cómicos los expropiamos y pasamos eso de la propiedad privada a la propiedad social", insistió el domingo, cuando sostuvo que las leyes determinan que la mayoría de la oferta de productos de consumo masivo debe hacerse a los precios que el Estado fija desde inicios de 2003.
El ministro de Agricultura, Elías Jaua, explicó que la orden de Chávez fue inicialmente ejecutada en una sola planta procesadora de arroz, perteneciente a Polar, donde, aseguró, el 90 por ciento de su oferta estaba siendo envasada como arroz especial "para burlar el control" estatal de precios, y que desde hoy afectará a otra.
"Que esto sirva de advertencia a otros" empresarios de sectores cuyos servicios y productos tienen precios y tarifas reguladas por el Estado, dijo y reveló que la intervención en Polar se mantendrá durante 90 días y no afectará las operaciones administrativas.
Los representantes de Polar aseguraron que no existe ninguna ley que detalle cuánto de la producción arrocera debe venderse con precios fijados por el Estado, los cuales, además, están por debajo de los costos de producción.
"La verdad es que no hay suficiente arroz en Venezuela y el regulado tiene un precio que no cubre los costos de producción", dijo Carmona y detalló que en el caso del arroz éste se eleva al equivalente a dos dólares, el doble del precio fijado por el Estado.
Ambos directivos insistieron en que "obligar a la empresa a producir a pérdida" agravará un problema cuya solución pasa por "la revisión oportuna del precio justo", además de una reducción de las importaciones estatales y la creación de incentivos para los campesinos.
