Empresas Polar, la mayor compañía de alimentos procesados de Venezuela, a la cual se le expropiaron unos almacenes en acatamiento a un deseo del presidente del país, Hugo Chávez, pidió hoy al Supremo de Justicia que anule esa medida.
La expropiación afecta a una serie de almacenes, incluidas unas bodegas del sistema de distribución por Polar de la marca Pepsi Cola, y fue formalizada el pasado 11 de marzo por una de las alcaldías del estado de Lara (noroeste), bajo cuya jurisdicción se encuentra la propiedad afectada.
Chávez pidió reiteradamente esa expropiación para poder destinar esos terrenos, argumentó, a la construcción de viviendas populares.
Guillermo Bolinaga, director de Asuntos Legales de Empresas Polar, reiteró a los periodistas en la sede del Supremo de Justicia en Caracas que esos terrenos forman parte de una zona "estrictamente industrial y comercial", donde está prohibido el fin residencial.
Amalia Sáenz, alcaldesa del municipio de Iribarren de la ciudad de Barquisimeto de Lara, quien firmó la ordenanza que selló la expropiación decidida un día después de que el Legislativo regional declarara esos terrenos de "utilidad pública y social", sostiene que un nuevo ordenamiento urbano los calificó de residenciales.
Polar remarca que jurídicamente no existe ese nuevo ordenamiento urbano y ha ofrecido vender al Estado un terreno de su propiedad de unos 25.000 metros cuadrados "en una zona de Barquisimeto que sí es residencial", remarcó Bolinaga.
Ese ofrecimiento fue formalizado inicialmente por Gustavo Hernández, director de la empresa, cuando el pasado 17 de marzo denunció un mal uso de dinero público con esa expropiación.
Se trata de una "medida arbitraria, innecesaria e injusta", dijo Hernández ese día y explicó que "desalojar instalaciones productivas tiene un costo mayor", porque en ese caso el Estado debe pagar indemnizaciones por el valor del terreno, de las instalaciones, de los costos de la mudanza y de los costos de la nueva construcción.
"Va a costarle a la nación por lo menos cuatro veces más (...), con el agravante de que en los terrenos (afectados) no van a poder comenzar a ser construidas las casas de inmediato", añadió.
También citó encuestas que dan cuenta de que un 84 por ciento de los habitantes de Lara rechazan la expropiación y que un porcentaje similar apoya que para planes de vivienda se utilicen terrenos ya desocupados y que se terminen proyectos de habitación ya en marcha.
Hernández advirtió que la medida, "viciada, porque cualquier expropiación debe ser mediante un decreto ley y no por una simple ordenanza municipal", pone en riesgo además 3.200 plazas de empleo.
Según datos propios, Empresas Polar, creada hace unos 70 años, cuenta en todo el país con 30 plantas industriales y terrenos como el expropiado y más de 150.000 puntos de ventas, todo lo cual genera un total de 30.000 empleos directos y 180.000 indirectos.
Tras recordar que el déficit de vivienda en Venezuela llega a unos dos millones de casas, lo que Chávez argumentó para pedir la expropiación, Hernández remarcó que "por esa misma razón el Estado tiene que ser muy prudente y muy eficiente en la utilización de los recursos públicos, siempre escasos".
Existen otras opciones "más eficientes y menos onerosas" y "lo lógico" es construir en terrenos disponibles en zonas residenciales y terminar casas "a medio construir que están a la espera de recursos para ello", y que suman en Lara unas cuatro mil, sostuvo.
