Una jueza argentina ordenó hoy bloquear los aportes excedentes realizados por un afiliado a una administradora privada de fondos de jubilación y pensión, en medio de los debates parlamentarios de un proyecto oficial para suprimir estas entidades.
Se trata de la primera resolución judicial que se toma en forma preventiva ante la inminencia de que los fondos en manos de Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) pasen al Estado, tal cual lo impulsa el Gobierno de Cristina Fernández.
La jueza federal Cristina Garzón de Lascano, de la ciudad de Córdoba (centro del país), ordenó a la AFJP Orígenes, controlada por el grupo holandés ING, que trabe la disponibilidad de los aportes excedentes de Daniel Ubaldo García, por el valor de 6.551 pesos (1.926,7 dólares).
La orden de inhibición no afecta a la totalidad de la cuenta de capitalización del demandante, que sí podría ser trasladada al Estado si se aprueba el proyecto de ley oficial, sino solo a los aportes hechos en forma voluntaria por el afiliado, por sobre los aportes mínimos de su salario que debe hacer según lo estipula el actual sistema de jubilación.
De acuerdo con la resolución judicial cautelar citada por medios de prensa locales, la decisión se adoptó "sin adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión", aunque la magistrada señaló que el afiliado a la AFJP le asiste el derecho "en virtud de la propiedad que ostenta sobre su cuenta de capitalización individual, derecho de raigambre constitucional".
La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció el pasado 21 de octubre el envío al Parlamento de un proyecto para el traspaso de los activos de los fondos privados de pensiones -unos 30.000 millones de dólares- al sistema estatal.
La iniciativa será votada el próximo jueves en la Cámara de Diputados y, si es aprobada, pasará al Senado.
