Una jueza chilena interrogará al ex presidente Ricardo Lagos en relación a un caso de pagos irregulares de sobresueldos ocurrido cuando él era ministro de Obras Públicas, en la década de los años 90, informaron hoy fuentes judiciales.
Lagos, presidente de los años 2000 al 2006, deberá comparecer el próximo 3 de marzo ante la jueza Gloria Ana Chevesic, que lleva el caso conocido como "MOP-Gate", por el que han sido procesados y condenados varios antiguos funcionarios, incluido el ex ministro Carlos Cruz.
La jueza Chevesic, según las fuentes, accedió a una solicitud del abogado Cristián Letelier, representante de los senadores Evelyn Matthei y Víctor Pérez, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que actúan como parte querellante, para interrogar al ex mandatario.
Los querellantes consideraron "improcedente" la respuesta de Lagos a un cuestionario escrito que le había enviado la jueza, al considerar que no aclara si él autorizó el pago de sobresueldos cuando era ministro de Obras Públicas.
Según determinó la jueza Chevesic, el interrogatorio a Ricardo Lagos, actual enviado especial de Naciones Unidas para el cambio climático, se llevará a cabo en el domicilio del ex mandatario.
Ricardo Lagos fue ministro de Obras Públicas de 1994 a 1998, período en el que impulsó una política de concesiones para concretar grandes obras de infraestructura en el país.
Aunque según las investigaciones los hechos ocurrieron en los años 90, el juicio comenzó el año 2002, cuando Lagos ya era presidente, y fueron procesados el ex ministro Cruz, que en el gobierno de Lagos había sido el responsable del programa de concesiones, y otros funcionarios del ministerio.
La jueza detectó que en el ministerio se habían encargado asesorías a empresas externas, que funcionaron como fachada para el pago de asignaciones suplementarias (sobresueldos) a determinados funcionarios.
Carlos Cruz, en una entrevista, admitió que ministros, subsecretarios y otros altos cargos también recibían pagos adicionales a su remuneración.
El gobierno no reconoció características de delito en esas prácticas y propuso una reforma legal para mejorar los sueldos de ministros y subsecretarios de gobierno, materia que fue aprobada en su trámite legislativo.
El juicio está actualmente en sus últimas etapas antes del fallo de primera instancia, con 32 procesados por delitos de fraude al fisco y estafa, aunque ya se han dictado sentencias a algunos implicados.
