Una reforma a una ley que abre la puerta en Costa Rica a que los inmigrantes legales reciban ayudas sociales comenzó hoy a generar críticas de parte de algunos sectores, pese a que fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Esta reforma, sancionada el 13 de octubre por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, busca reordenar el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y crear un registro único de ayudas sociales.
En la reforma se abrió la posibilidad de que los extranjeros que se encuentran en situación legal en el país puedan optar a pensiones, servicios de salud estatales y otras ayudas sociales, beneficios que antes no tenían.
El diario La Prensa Libre, el más antiguo del país, publicó hoy un editorial en el que califica esta ley como una "mala decisión" tomada "bajo esa irracional premisa de la igualdad".
"El que se obligue al Estado a darle una pensión del régimen no contributivo a los extranjeros en condición de pobreza es sólo una invitación abierta para que vengan a este país", añadió el diario, que además criticó los "débiles" controles migratorios de Costa Rica.
Por su lado, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo al Diario Extra que este asunto "huele a tufillo electoral" de cara a los comicios del próximo 7 de febrero para buscar votos de los ciudadanos pobres.
Comentó que se deben establecer mecanismos claros para darles prioridad a los costarricenses en pobreza.
Tanto diputados de oposición como oficialistas han defendido la ley, pues aseguran que su principal objetivo es unificar los criterios de ayudas sociales y crear un registro único de las personas beneficiarias.
"Los extranjeros residentes que trabajan en el país y califiquen de acuerdo con los estudios deben hacerse acreedores de las ayudas. Los ilegales no podrán recibir ningún tipo de ayuda", dijo el diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC), principal fuerza de oposición en el país.
En Costa Rica, un país con 4,5 millones de habitantes, viven cerca de 600.000 nicaragüenses entre ilegales y legales, según cálculos del Gobierno costarricense, pero de acuerdo con organizaciones no gubernamentales la cifra podría llegar al millón de personas.
Otras nacionalidades están representadas en menor escala como la colombiana, la estadounidense y la cubana, entre otras.
