Una tradicional marcha de organismos humanitarios y la visita del juez español Baltasar Garzón y de ex miembros de la CIDH a la mayor cárcel clandestina de la dictadura enmarcaron hoy el 25 aniversario del histórico juicio a las Juntas Militares que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983.
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo protagonizaron en Buenos Aires la trigésima edición de la "Marcha de la resistencia", en coincidencia con el aniversario del juicio y un día antes de que se conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos en honor al retorno de la democracia en el país, el 10 de diciembre de 1983.
"Vinimos a la Plaza de Mayo las que seguimos resistiendo, en un día muy especial en el que se junta el recuerdo por un juicio único en el mundo y el momento actual con una justicia que está actuando después de muchos años", declaró a Efe Taty Almeida, una de las líderes de Madres de Plaza de Mayo.
El 9 de diciembre de 1985 los argentinos escucharon las sentencias del proceso que sentó en el banquillo a los nueve militares de alta graduación que encabezaron la dictadura, entre ellos los ex presidentes y generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri.
Después de un proceso único en la historia argentina, sólo dos de los acusados -Videla y el almirante Emilio Massera- fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que Viola fue condenado a 17 años de cárcel, Orlando Ramón Agosti a 4 años y seis meses, Armando Lambruschini a 8 años y el resto fue absuelto, incluido el ex presidente Galtieri.
Videla, de 85 años, afronta actualmente un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba (centro) luego de que en 2003 se anulara el indulto que en 1990 le había beneficiado junto a otros represores condenados.
"El juicio de 1985 fue un ejemplo de cómo se debe responder a la represión desde la justicia", dijo a Efe Garzón, quien visitó este jueves las instalaciones de la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, hoy convertido en un museo de la memoria.
El director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuellar, consideró que "estos 25 años culminan una gran etapa de un país que está a la vanguardia de saber qué pasó con los desaparecidos, los torturados y asesinados durante la dictadura".
"Lo que ha hecho Argentina es ejemplar para que nunca más se pueda repetir", reflexionó el ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edmundo Vargas Carreño, quien en 1979 encabezó de una misión que permitió recopilar las denuncias de los familiares de secuestrados bajo el régimen militar.
Sin embargo, el ahora diputado Ricardo Gil Lavedra, uno de los magistrados del histórico proceso, reconoció a Efe que el juicio logró una "justicia relativa" y "erró" en las condenas a los máximos responsables de la dictadura, aunque destacó que abrió un camino "inédito en el mundo".
Gil Lavedra destacó "la decisión de gran valentía" del entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) de iniciar "por lo menos un camino de justicia relativa, porque no planteó enjuiciar a todos, pero al menos (enjuició) a los máximos responsables".
El hijo del fallecido mandatario, el diputado radical y candidato presidencial Ricardo Alfonsín, encabezará hoy junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, un homenaje al proceso.
"El juicio fue importante para hacer historia, pero no para hacer justicia", afirmó Adriana Calvo de Laborde, la primera sobreviviente del terrorismo de Estado que ofreció testimonio en el proceso sobre su detención.
Calvo, que tuvo a su hija en cautiverio, relató en aquella oportunidad "con mucho nerviosismo" las torturas a las que fue sometida durante su reclusión.
Más de 800 testigos declararon en el juicio, basado en más de 700 casos elegidos entre 9.000 denuncias recogidas en el informe de la Comisión Nacional sobre Desapariciones (Conadep).
Julio Strassera, que fue el fiscal del histórico juicio, se mostró "orgulloso" de que se haya podido llevar adelante ese proceso que "no se podía haber hecho de otra manera".
Tanto Garzón como Almeida destacaron, además, la anulación en 2003 de las llamadas "leyes del perdón" y el impulso que dio el recientemente fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora, Cristina Fernández, a la reapertura de juicios contra los violadores de derechos humanos durante el régimen.
"Pero pedimos celeridad en los juicios porque los represores se están muriendo", reclamó Almeida.
