Una oleada de denuncias, juicios y una nueva ley para investigar fortunas sospechosas de corrupción que impulsa el Gobierno de Evo Morales han puesto a la oposición de Bolivia en la picota judicial o la han obligado a "autoexiliarse".
Morales, que el viernes asumió su segundo mandato para los próximos cinco años, ha pedido a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el oficialismo, que su primera ley sea precisamente la de investigación de fortunas.
La norma aumentará sin duda la presión sobre muchos opositores que en las últimas semanas son objeto de una oleada de denuncias de distinta naturaleza planteadas desde el oficialismo y que temen ir de forma inexorable a sentarse en el banquillo de los acusados.
Para el Gobierno de Morales, se trata de un "caballo de batalla" contra la corrupción sin que importe la adscripción ideológica de los acusados. Pero en los hechos existe una abrumadora mayoría de demandas contra seis ex gobernadores opositores y solo una contra una autoridad oficialista.
Hay casos emblemáticos como el del ex candidato presidencial opositor Manfred Reyes Villa que en los comicios recientes consiguió un apoyo del 26 por ciento en las urnas (1,2 millones de votos), pero después huyó a escondidas hacia y Perú y luego a EE.UU., pese que sobre él pesaba una prohibición judicial de salida al exterior.
En su caso, el Ministerio de Transparencia tiene once denuncias concretas de supuestos delitos cometidos cuando era gobernador de la región de Cochabamba (2006-2008) y la Contraloría otras cuatro.
Reyes Villa, que ha denunciado una frontal persecución política de parte de Morales por pensar diferente y ser opositor a su proyecto, se ha quejado de que en su contra hay 19 denuncias y de haber sido citado 22 veces en la justicia mientras era candidato.
Además el ex gobernador opositor de Tarija, Mario Cossío, tiene cinco denuncias en las mismas instancias; el de la región de Beni, Ernesto Suárez, cuatro; el de Santa Cruz, Rubén Costas, dos. Todos ellos aspiran a la reelección en los comicios regionales de abril.
La todavía gobernadora de Chuquisaca, Savina Cuéllar, tiene una denuncia en su contra, y el ex gobernador de La Paz, José Luis Paredes, una de la Contraloría y ocho más en el Ministerio de Transparencia, la peor de ellas sobre supuesto enriquecimiento ilícito.
Paredes, que le prestó a Reyes Villa la sigla de su partido para que pueda presentarse en los últimos comicios, salió del país el 4 de enero hacia Argentina, pero no hay reportes de su vuelta a Bolivia.
Por contra, en las mismas filas del oficialismo, Transparencia ha denunciado ante la Fiscalía al gobernador de Oruro, Luis Aguilar, por supuestos delitos en un contrato, si bien seguirá ejerciendo su cargo hasta mayo cuando sea relevado por el sucesor electo en abril.
Otro caso es el del ex candidato a la vicepresidencia de Reyes Villa, Leopoldo Fernández, acusado y preso (desde hace más de un año y a la espera de juicio) por genocidio, pero también denunciado por corrupción cuando era gobernador de Pando.
Esta nueva ola de denuncias sigue a otra que se produjo durante el primer Gobierno de Morales y que provocó la huida del país hacia EE.UU. o Perú de otros políticos opositores como ex ministros y dirigentes cívicos regionales, acusados por genocidio, terrorismo o conspiración.
La huida de Bolivia, según el presidente Morales, ha sido en esos casos una confesión de culpa para los acusados que, en su defensa, han alegado que no confían en el poder Judicial por su evidente crisis y su supuesta sumisión a las directrices del Ejecutivo.
En declaraciones a Efe y al hablar sobre los ex gobernadores opositores, la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, rechazó tajantemente la denuncia de persecución política con el argumento de que hay delitos concretos de los que se les acusan. Insistió en que todos ellos pueden defenderse en el país.
La ministra está segura de que muchos ex gobernadores que no sean reelegidos en abril y ex legisladores de la oposición también huirán del país en los próximos meses cuando el Legislativo apruebe la ley para investigar fortunas sospechosas de corrupción.
"Yo le apuesto, se lo firmo. Varios se van a tener que ir a EE.UU. declarándose perseguidos políticos, diciendo que no hay garantías, no hay libertad, pero sin decir que se van porque han robado y no pueden demostrar de donde tienen esos bienes", sostuvo Suxo a Efe.
En contraste, para el senador opositor Roger Pinto, reelegido en Pando, si finalmente ocurre eso será porque será una consecuencia "de que en Bolivia se ha judicializado la política".
"La oposición que no está presa, ha pedido asilo en el exterior y los que están aquí están todos con proceso o demanda. No es una novedad el uso de la justicia y de los fiscales para perseguir a la oposición y lo ejercita bien el Gobierno", afirmó Pinto.
