Uno de cada tres senadores y diputados de Uruguay está armado por razones de seguridad, y varios de ellos han tenido que usar su arma, según una encuesta difundida hoy por la prensa.
La consulta abarcó a 114 de los 130 parlamentarios (31 senadores y 99 diputados) y 38 legisladores admitieron tener al menos un arma aunque algunos poseen varias, de acuerdo a la consulta efectuada por el diario El País.
Del total de parlamentarios armados, 16 pertenecen a la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, 17 al Partido Nacional o "Blanco", el principal de la oposición, cuatro al Partido Colorado y el único diputado del Partido Independiente.
Dentro de la coalición de izquierda, el sector donde más legisladores tienen armas es el Movimiento de Participación Popular, que integra el ex guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros).
La consulta se hizo reservando los nombres de los participantes y algunos legisladores señalaron que no tienen armas, pero admitieron que sí las llevan sus secretarios o chóferes.
Según cifras oficiales, en Uruguay hay 577.000 armas registradas, pero las autoridades calculan que hay un número similar o incluso mayor en manos de la ciudadanía sin los correspondientes permisos.
La relación de armas por persona sería por lo tanto la misma entre la población general (aproximadamente un millón para 3,4 millones de habitantes) que entre los legisladores.
Varios legisladores señalaron que han tenido que utilizar sus armas, con disparos al aire o para amedrentar delincuentes que quisieron robar en sus viviendas o vehículos.
La polémica sobre el uso de armas de fuego resurgió recientemente en la sociedad uruguaya, después que el senador oficialista y ex líder guerrillero Eleutelio Fernández Huidobro, hizo un llamado público para que la población se defienda, eventualmente con armas, debido a la creciente inseguridad.
La ministra de Interior, Daisy Tourné, salió al cruce de las declaraciones de su compañero de partido y dijo es un "error" que la población tenga armas de fuego.
La legislación uruguaya permite que los parlamentarios, ministros y viceministros de Gobierno, autoridades de la Suprema Corte de Justicia, secretarios de la Presidencia, directores de empresas públicas y diplomáticos tengan armas por razones de seguridad sin necesidad de tramitar el permiso que se exige al resto de la población.
