Un contingente de 1.500 militares y 200 nuevos policías serán los encargados de garantizar la seguridad en el departamento de Pando (norte) a partir de mañana, cuando el Gobierno de Bolivia pondrá fin al estado de sitio en esa región, informó hoy la agencia estatal ABI.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, detalló que a los 1.200 efectivos con los que ya cuenta la región, este domingo se sumarán más de 300 soldados y oficiales, mientras dos centenares de policías llegarán al departamento la próxima semana.
Mañana, el Gobierno de Evo Morales dictará el fin del estado de sitio decretado en la región en septiembre, según anunció la semana pasada el propio presidente y dan por hecho varios ministros y autoridades.
Esta medida excepcional fue decretada en la región a mediados de septiembre pasado, para poner fin a una ola de violencia que causó la muerte de alrededor de 20 personas, la mayoría campesinos seguidores de Morales.
El Gobierno responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.
La "comisión de la verdad" enviada por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo adelantó ayer en Buenos Aires parte de lo que será su informe, en el que se califica lo ocurrido como "masacre" de campesinos.
Mattarollo calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y consideró que las autoridades de Pando que están identificadas en el informe deben ser investigadas por la Justicia ordinaria, ya que se han cometido "delitos comunes" que no forman parte "de la función de ningún funcionario público".
"No tengo la menor duda de que existe responsabilidad de las autoridades. Existe la necesidad de que la Justicia ordinaria de Bolivia investigue a funcionarios, empezando por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández", dijo.
De los 36 confinados por el Gobierno por haber violado el estado de sitio, quienes a partir del levantamiento de la medida deberían ser liberados, la fiscalía imputó por delitos de asesinato a 20 de ellos, entre los que se encuentra Fernández, informa la prensa.
Así, solo serán liberados 16, mientras los 20 imputados deberán ser sometidos a una audiencia judicial cautelar para determinar si siguen en prisión preventiva o pueden ser liberados.
