Un estudio de dos agencias de Naciones Unidas en Colombia sobre desplazamiento forzado y restitución de tierras urge "volcar" la atención humanitaria a las víctimas de estos fenómenos del conflicto armado interno.
La atención debe centrarse en los desplazados y los despojados, destacó hoy Bruno Moro, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentaron el informe.
El estudio, de cerca de 200 páginas, recuerda que en los últimos trece años, Colombia se ha situado entre los dos primeros países con mayor número de población en situación de desplazamiento, con 3,6 millones de personas a 31 de diciembre de 2010.
Esa situación "involucra a cerca de 836.000 familias, las que se han visto obligadas a huir de sus hogares y abandonar sus tierras", añade el informe.
Las dos agencias presentaron el llamado Cuaderno Desplazamiento forzado, tierras y territorios. Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación", y explicaron que se trata del primero de una serie de seis estudios específicos.
Ese primer estudio llama la atención sobre la necesidad de superar la atención humanitaria para transitar hacia la estabilización socioeconómica y la reparación integral a las víctimas.
En ese sentido, Moro destacó la recientemente rubricada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que busca resarcir a los afectados por el conflicto armado interno y devolver unas dos de las más de seis millones de hectáreas usurpadas, hasta el final del actual Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2014.
Asimismo, añadió el diplomático, busca restituir la "esperanza al 10 por ciento de la población colombiana que ha sido víctima del desplazamiento forzado, del despojo o del abandono de las tierras".
Indicó también que las "asimetrías se manifiestan en la provisión de seguridad, en la cantidad y calidad de las infraestructuras, en el acceso al conocimiento y recursos, o en los grados de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático".
Moro celebró que la sociedad y el Gobierno coincidan en reconocer que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras "es insuficiente" y deba ser complementada y debe brindar seguridad a los líderes de los reclamos de las propiedades usurpadas.
"Nos alertamos, pero no nos desanimamos, con el asesinato de crímenes selectivos de líderes y comunidades que reclaman sus tierras, con la infiltración de organizaciones criminales o las alianzas corruptas para lucrarse de los programas, recursos y planes dirigidos a los más pobres y vulnerados", advirtió Moro.
"No nos desanimamos porque, aunque esos hechos van a atrasar las cosas, no van a parar un proceso que reclama el país, un país que quiere voltear la página y seguir adelante", insistió.
En el estudio, además de señalar cifras sobre el desplazamiento, se incluyen también otras sobre despojo de tierras, que varían "desde los 10 millones de hectáreas que sostiene el Movimiento Nacional de Víctimas; los 4,4 y 4,0 millones según el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Sintradin) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), respectivamente".
Recientemente una Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, calculó que la cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones de hectáreas, anota el mismo informe.
