El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se volvió hoy a mostrar a favor de penalizar la tenencia de dosis personales de droga, en contraposición al fiscal general, Mario Iguarán, quien poco antes expresó que no es partidario de esa medida.
En una entrevista con La W Radio, en Bogotá, Iguarán dijo que "el drama del adicto es muy terrible, (y) no se resuelve con la cárcel".
Uribe respondió en una declaración a los periodistas en la sede del Ejecutivo y señaló que el fiscal "sabe que eso no puede suceder así".
"Por ser una persona enferma, el adicto no es culpable", reconoció el gobernante, aunque se mantuvo en su posición.
Colombia "no puede tener esa contradicción ética de ser muy severo con producción, con tráfico, con bienes ilícitos, y al mismo tiempo ser totalmente laxo, permisivo con el consumo", subrayó el presidente.
La distribución minorista de drogas prolifera por la falta de una "escala de sanciones", consideró Uribe, al ratificar que insistirá ante el Congreso en su proyecto de penalizar la dosis personal.
Ese castigo "no necesariamente tiene que ser cárcel", apuntó el mandatario, para quien "es muy grave que en este país muchos de los que critican el narcotráfico den el mal ejemplo de consumir drogas y que esa dosis personal no se pueda sancionar".
Uribe también respondió a Iguarán sobre sus críticas a los resultados del Gobierno en el decomiso de bienes dedicados a la distribución de drogas.
En este sentido, recordó que desde que llegó al poder, en 2002, han sido extraditadas cerca de 1.000 personas, se han fumigado 130.000 hectáreas de cultivos ilegales, se han destruido a mano otras 96.000 y se han intervenido unos 10.000 bienes.
Uribe también dejó claro que la Constitución obliga al presidente y al fiscal general a coordinar la política anticriminal, por ello consideró que "no es bueno para el país" que Iguarán ceda "a la presión, al espectáculo mediático, en lugar de buscar el bien común".
Iguarán formó parte del actual Gobierno como viceministro de Justicia hasta que fue nombrado fiscal general, en 2005, a propuesta del propio Uribe.
