El presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió hoy que se evite "que el vencimiento de términos cree una especie de impunidad" en los procesos contra militares acusados por ejecuciones extrajudiciales a civiles, en alusión a la reciente puesta en libertad de 38 uniformados involucrados en esos crímenes.
En una entrevista con la emisora local Radio Calidad, Uribe recomendó "a fiscales y jueces" que "a las personas, sean civiles o de las Fuerzas Armadas, se les debe condenar o absolver con base en pruebas, pero no se debe dejar que el vencimiento de términos cree una especie de impunidad".
El presidente aludió así a la puesta en libertad de 38 militares involucrados en el reclutamiento y posterior asesinato de jóvenes, la mayoría de Soacha, una localidad vecina a Bogotá, que fueron presentados como rebeldes muertos en combate, en el escándalo conocido como "falsos positivos".
Al vencer el plazo legal del que disponían los fiscales para acusar de manera formal y llamar a juicio a los implicados, los jueces han venido ordenando la libertad condicional de todos ellos en las sucesivas audiencias celebradas desde diciembre.
Uribe consideró que "dejar vencer los términos hace mucho daño" y "afecta el honor de las Fuerzas Armadas".
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, consideró a la emisora colombiana RCN Radio que "no habrá impunidad" y que lo que quiere el Ejército es "que haya una justicia pronta y una justicia justa, lo demás no le conviene al país".
Apreció que "el vencimiento de términos es una garantía para los derechos de los colombianos para que se clarifique un proceso".
"Lo que está ocurriendo es que el tiempo pasa y no sucede esta acción. Yo fui a la Escuela de Artillería. Les dijimos que nosotros presumimos que ustedes son inocentes. El hecho de que los dejen en libertad por vencimiento de términos es lo peor que les pudo haber pasado", agregó Padilla de León.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó la semana pasada de "escándalo internacional" la puesta en libertad de estos militares, mientras las familias de las víctimas anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El escándalo de los "falsos positivos" saltó a la luz pública en octubre de 2008, lo que llevó al presidente Uribe a destituir a tres generales y 24 oficiales y a la Justicia a iniciar investigaciones que un año y medio después parecen infructuosas.
La Fiscalía colombiana ha contabilizado 1.800 víctimas de ejecuciones, que responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.
