El expresidente colombiano Álvaro Uribe quedó expuesto a otra causa parlamentaria por su posible implicación en la trama de escuchas y seguimientos ilegales, después de que una fiscal llamara a juicio a cinco exfuncionarios de la central de inteligencia y hallara indicios de su relación con el exmandatario.
Fuentes de ese organismo judicial informaron hoy de que la eventual apertura de un nuevo proceso contra Uribe la planteó la fiscal Patricia Rodríguez, delegada de la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y quien el lunes acusó de manera formal por actos de espionaje a esos exfuncionarios.
"No puedo hacer ningún tipo de juicio sobre la responsabilidad o no del expresidente Uribe", advirtió hoy la fiscal a Caracol Radio.
Pero en la resolución de acusación, Rodríguez indicó que dentro de las pruebas que obtuvo hay una carpeta de archivos, conocida como AZ 57, en la que "aparecen varias referencias al presidente y el Gobierno, algunas de ellas con la anotación 'Presidente Uribe'".
Por ese motivó ordenó "remitir copias de la presente resolución y de la aludida AZ con destino a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a efectos de la investigación pertinente".
La fiscal ordenó asimismo que se remitan copias a la Unidad Nacional Anticorrupción (de la Fiscalía general) de los cuadernos anexos correspondientes a los gastos reservados de 2004 y 2005, con el fin de que "se investigue la eventual comisión de delitos contra la Administración pública."
Uribe ya está siendo investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los mismos hechos.
El presidente de dicha Comisión, Héctor Javier Vergara, explicó a Efe que de tratarse, en este segundo caso, de sucesos similares a los de la primera solicitud, lo que se hace "es acumular este nuevo proceso con el que ya está en curso".
La investigación seguida por la fiscal delegada ante la CSJ se remonta a hechos acaecidos entre 2004 y 2005, en los que están implicados cinco antiguos funcionarios de nivel alto y medio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia que depende del despacho del jefe del Estado.
Son Gian Carlo Auque de Silvestri, que ejerció como director general de Inteligencia; Eduardo Aya Castro, exfuncionario de operaciones de la Dirección General de Inteligencia; Rodolfo Medina Alemán, antiguo subdirector de Contrainteligencia; Mario Orlando Ortiz Mena, exintegrante del grupo especial de inteligencia G-3, e Ignacio Moreno Tamayo, exjefe de la Subdirección de Fuentes Humanas.
Aya y Medina comparecen como reos ausentes, por estar prófugos.
La fiscal acusó a los cinco por "concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto".
Y concluyó, según un comunicado de la Fiscalía general, que "supuestamente organizaron, dirigieron y promovieron de forma permanente la realización de esos delitos en contra de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, de políticos, y de periodistas de oposición".
Los hechos hacen parte de un escándalo mayor por escuchas y seguimientos llevados a cabo durante el Gobierno de Uribe; y entre los investigados hay varios antiguos directores del DAS, como María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde finales de 2010.
