El Gobierno uruguayo anunció hoy que se propone plantear una ley para facilitar el levantamiento del secreto bancario cuando haya sospecha de hechos delictivos, así como gravar los depósitos en el extranjero de residentes en el país.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, explicó a la salida de la reunión del Consejo de Ministros que a lo largo de esta semana este plan será enviado al Parlamento con el objetivo de poner a Uruguay a resguardo de sanciones internacionales por su defensa del secreto bancario.
"Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria y la cooperación internacional. Se termina todo tema referido a listas en los que el país pudo haber sido incluido", dijo Lorenzo.
Según dijo, esta ley permitirá a la Dirección General Impositiva (DGI) pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para un contribuyente en particular, siempre que "tenga denuncia fundada" de comportamiento ilícito, dijo Lorenzo.
En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales el levantamiento del secreto bancario.
"Se introducen cambios procedimentales (...) y en los criterios que refieren al levantamiento del secreto bancario. Estamos extendiendo los argumentos y los fundamentos que pueden dar lugar al levantamiento del secreto bancario a instancias en los cuales la autoridad tributaria del país tenga denuncia fundada y que pueda solicitar de manera expresa el levantamiento", explicó el ministro.
Asimismo, Lorenzo señaló que la norma también buscará gravar rentas activas que los uruguayos que residan en el país tengan en el exterior.
"Los activos que están involucrados son préstamos realizados por residentes a no residentes, a depósitos y colocaciones en el exterior en entidades no residentes o participaciones en el patrimonio de entidades no residentes", apuntó el funcionario.
Según dijo, este tipo de activos podrían tener un valor de 9.000 millones de dólares, que ahora tendrán que ser incluidos en la declaración de la renta de sus propietarios.
La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas en Uruguay durante el pasado año, después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocara en marzo de 2009 al país en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.
Esta situación llevó al gobierno presidido entonces por Tabaré Vázquez a comprometerse a seguir las normas de transparencia fiscal de la OCDE para salir de la lista.
El pasado mes de noviembre, durante la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a José Mujica, el oficialista e izquierdista Frente Amplio se comprometió a no modificar las normas que garantizan el secreto bancario si ganaba las elecciones ante representantes de la Asociación de Bancos y de la Bolsa de Valores del país.
Sin embargo, también durante la campaña electoral, el hoy presidente Mujica señaló que si de él dependiera, el secreto bancario en el país llegaría a su fin.
"El secreto bancario es una joda que hay que bancarse (aguantar) para que haya plata en caja", dijo entonces el ex guerrillero tupamaro, lo que le costó una lluvia de críticas desde todos los sectores políticos, incluido su propio partido.
