Organizaciones de defensa de los derechos humanos subrayaron hoy ante la CIDH la urgencia de reformar la ley electoral en Nicaragua, para evitar que se produzcan "irregularidades" en los comicios municipales del próximo noviembre.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los activistas exigieron la reforma para evitar que se reproduzcan las supuestas irregularidades que, según los observadores, rodearon las elecciones generales del pasado noviembre, en las que fue reelegido el presidente Daniel Ortega.
"Consideramos imperativa la reforma de nuestra ley electoral, con la sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral", dijo el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Mauro Ampié.
Esa reforma debería ir acompañada de "la modificación de las prácticas" del Consejo Supremo Electoral, para "garantizar una amplia participación política" en las próximas elecciones, añadió.
Ampié consideró que la reelección de Ortega estuvo rodeada de "innumerables y gravísimas violaciones que tuvieron como consecuencia que se negara a la sociedad nicaragüense la posibilidad de elegir a sus representantes".
Además, los comicios espolearon "violaciones a los derechos civiles y políticos" de los votantes y candidatos, entre ellas intimidaciones, secuestros, detenciones y asesinatos, aseguró.
La abogada Alejandra Nuño, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió en 2005 una sentencia que instaba a Managua a reformar la ley electoral, pero ésta no se ha cumplido.
Por otra parte, Vilma Núñez, también de CENIDH, denunció la situación en las cárceles de su país y que en las celdas policiales "parece estar desarrollándose un patrón de conducta de violaciones y abusos sexuales".
En los últimos años, la población carcelaria ha aumentado en un 25 por ciento hasta situarse en 8.482 presos, según las cifras oficiales, que viven "en condiciones de hacinamiento y sin que exista inversión en servicios médicos", aseguró Núñez.
En 2011, las prisiones de Nicaragua tenían un hacinamiento del 91,25 por ciento respecto a su capacidad, según admitió en la audiencia uno de los representantes del Estado, Iván Lara, miembro de la misión nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
No obstante, señaló que el Estado se ha implicado en proyectos de "ampliación y rehabilitación de la infraestructura carcelaria" para solventar el problema.
Por otra parte, rechazó responder a las preguntas sobre el sistema electoral y las supuestas irregularidades en los comicios presidenciales, por considerar que ya se proporcionó esa información para el reciente informe de la misión de observadores de la OEA, publicado en enero.
Sin embargo, negó "la premisa expresada por los peticionarios de que en Nicaragua se vive en un estado de abandono, anarquía e inseguridad", y subrayó los esfuerzos del Gobierno de Ortega para "fortalecer la justicia social" en el país.
"Afirmar que en Nicaragua se vive un retroceso en los derechos humanos es algo alejado de la realidad objetiva", señaló.
La comisionada de la CIDH para Nicaragua, Rose-Marie Antoine, expresó su voluntad de viajar al país centroamericano para evaluar las denuncias y ofreció sus oficinas "para que las partes avancen en el diálogo sobre los derechos humanos en Nicaragua".
