Sostuvo que luego de que los técnicos de la entidad hicieron su evaluación del derrame de combustible, dieron "indicios" de que hubo grandes daños y cuando es así, la sanción es superior a los B/. 10 mil.
Cuando el monto de la multa pasa dicha cifra, el caso lo evalúa la administración general de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, y no así las sedes regionales.
En tanto que el fiscal Segundo Superior, José Enríquez, manifestó que el Ministerio Público sigue con la investigación.
Señaló que están a la espera de que a las entidades gubernamentales que les compete atender este caso, rindan su informe, para luego trasladar el expediente a la Fiscalía Ambiental en Chiriquí.
Por su parte, el presidente de la República, Martín Torrijos, señaló durante la reunión del PRODEC, realizada en Río Sereno, que en el caso de la PTP debe prevalecer el interés de los panameños sobre los intereses individuales.
Alegó que tanto la ANAM como el Ministerio de Salud han hecho su trabajo y han realizado las respectivas evaluaciones sobre el caso.
Manifestó que espera que pronto el sistema de justicia emita sus consideraciones al respecto.
La mayor preocupación de los residentes de Barú es la construcción de la refinería, ya que los empresarios de este megaproyecto pretendían utilizar parte de las instalaciones de PTP para el almacenamiento del crudo.
Para el mes de julio, esta empresa iba a iniciar la construcción de cinco tanques de petróleo para enviarlos a Brasil y a la India. Representaban un impuesto adicional en las arcas del municipio.
