Decidir sobre el propio cuerpo

Una dimensión fundamental de los derechos sexuales y reproductivos es poder decidir sobre la sexualidad y la reproducción propias.
Esto implica tener una sexualidad segura, elegida, placentera y que no ponga en riesego la vida o la salud de las personas. Los derechos reproductivos y sexuales son, asimismo, la expresión de relaciones democráticas respecto de la sexualidad entre hombres y mujeres. Es decir, un real ejerciciode estos derechos implica la no existencia de relaciones desiguales de poder, de modo que esa sexualidad se ejerza sobre al base de una verdadera libertad de opciones reales para mujeres y hombres.
Por otro lado, el ejercicio de estos derechos conlleva la posibilidad de decidir sobre la propia reproducción, lo que implica determinar - sin riesgo de coerción o violencia- sobre el número de hijos, la oportunidad y el espaciamiento para tenerlos. También comprende el derecho a contar con la información necesaria para adoptar estas decisiones.
Los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos, porque son un componente de la condición humana. Esta requiere la posibilidad y la certeza de poder decidir sobre uno mismo. La autonomía en las propias decisiones es lo que nos hace humanos.
Las distintas convenciones internacionales han validado los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es un indicador de la profundización de la democracia y de cómo se ejerce la ciudadanía. No es posible que las personas sean ciudadanas reales si no pueden decidir sobre sus proyectos de vida. Por eso, la elección sobre la sexualidad y la reproducción es un elemento constitutivo de la justicia y del ejercicio de ciudadanía.
LAS PALABRAS NO BASTAN
Pero no basta que los derechos sexuales y reproductivos existan en el discurso, ni que estos temas sean incorporados a nivel estatal, ya sea mediante políticas públicas o en el merco jurídico.
Debe existir un marco global que haga posible que esos programas sean cumplidos y que efectivamente beneficien a las mujeres más desprotegidas. Hay que contar con los medios y los recursos financieros y humanos para que las acciones sean concretadas y puedan producir resultados.
Esto es un proceso amplio. Necesita de un cambio cultural que pasa porque entendamos que el sistema de género plantea de base de una injusticia: la existencia de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.
Esto es lo que hay que ir modificando.
Para ello, primero es necesario que las mujeres reconozcan sus derechos; luego, que tomen conciencia para que los difundan y, a su vez, los hagan valer. De esta forma podrán demandar de la sociedad la satisfacción y el respeto de ellos.
En Latinoamérica y el Caribe las mujeres aún están muy lejos de poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Las reformas y ajustes de la salud en la región las han afectado, tanto en lo que se refiere a sus procesos de salud- enfermedad como en lo relacionado con sus proyectos de vida reproductiva. Al disminuir el gasto fiscal, fueron recortados acciones y programas. Esto implicó que las personas debieron orientarse hacia el área privada, o quedar a merced de un sistema público con insuficientes recursos.
Para cumplir los acuerdos y objetivos de la Conferencia de El Cairo (septiembre de 1994) en la región, es necesario un replanteamiento de las políticas públicas y de los procesos de reforma. El Estado debe asumir un rol redistributivo, para que los recursos humanos y financieros beneficien a todos y todas.
CAMBIO DE LENGUAJE
Pese a estos temas pendientes, uno de los avances claros en la región es que ha habido un cambio de lenguaje y, al cambiar éste, es modificada también la realidad.
El que los derechos sexuales y reproductivos hayan sido incorporados al discurso genera una realidad distinta, aunque no ha sido un proceso homogéneo en la región.
Por otro lado, aunque a diversos ritmos y grados en toda América Latina, se han producido cambios culturales y de las políticas públicas. Así , después de El Cairo, tenemos en diversos países de la región una sociedad civil que trabaja para hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos.
De ahí la importancia del rol de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en relación a su capacidad de propuesta y evaluación de las políticas de salud reproductiva.
(La autora, Marisa Matamala es chilena, médica y coordinadora adjunta de la Red de salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLC).