"El fantasma del militarismo renace otra vez", es el planteamiento de la Red Democracia Ciudadana para oponerse a los cinco Decretos-Ley que aprobó el Consejo de Gabinete del presidente Martín Torrijos, en julio de 2008, para "reforzar y modernizar" las instituciones de seguridad pública del país.
Mediante facultades extraordinarias que le confirió la Asamblea Nacional, Torrijos y su Gabinete aprobaron los decretos-ley que crearon los siguiente servicios: Nacional de Fronteras, Aeronaval de la República y el de Inteligencia y Seguridad Nacional. También modificó la Ley Orgánica de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI), para permitir que fueran dirigidas por uniformados.
Dentro del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional está la Secretaría Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), que entre sus polémicas funciones tiene el espionaje telefónico, una tarea que los detractores de la medida califican como el renacer del temido G-2, de la dictadura militar.
La Red Democracia Ciudadana encabezó una cruzada en contra de estos decretos-ley que incluyó demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, denuncias por abuso de poder y extralimitación de funciones contra el presidente Torrijos y el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante; vigilias y un compromiso escrito de los candidatos presidenciales de que derogarían las medidas, si ganan las elecciones.
Ante la presión de algunos grupos, Torrijos decidió enviar a la Asamblea, algunos artículos que tocaban las garantías fundamentales, como es el caso de las escuchas telefónicas, la censura y prohibición de protestas públicas cerca de las sedes policiales.
Los decretos de Torrijos tuvieron que dejar claro, además, que los miembros del Servicio de Fronteras están obligados a respetar las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional y las leyes de la República.
Sin embargo, estos cambios y omisiones no han logrado convencer a la Red Democracia Ciudadana, que continúa con sus vigilias, protestas públicas y llamados a los políticos para lograr que los Decretos-Ley de Torrijos sean derogadas por su sucesor en la Presidencia de la República.
