Durante algún tiempo en Panamá, lo mismo que en otros países del área, se alimentó el dilema educación pública versus educación privada. Se planteó muchas veces que la presencia de la empresa privada en la educación era sinónimo de privatizar un servicio que por naturaleza debía ser público y que el Estado debía garantizarlo a toda la sociedad con elevados estándares de equidad y calidad.
También se creyó que las decisiones y políticas educativas debían ser de dominio exclusivo del gobierno y del Ministerio de Educación, reservándose esta magna tarea a las autoridades y especialistas del ramo, excluyendo así la participación de otros sectores importantes en la vida nacional y de las comunidades.
La idea de una educación para todos, que se viene imponiendo desde principios de los años noventa con la Declaración de Jomtien, supone no sólo ofrecer más y mejores oportunidades educativas para todos los sectores de población del país, sino también hacer nuevas alianzas y consolidar las existentes, con organismos y grupos del gobierno y de la sociedad civil, para asegurar esta importante meta.
Una tendencia muy apreciada en algunos países del mundo, es la presencia del sector productivo dentro del proceso de toma de decisiones y en el desarrollo de iniciativas destinadas a lograr una mayor cobertura y pertinencia de los servicios educativos, por considerarse que los empresarios y los propios trabajadores pueden jugar un papel determinante como socios para el progreso de los países.
La reciente reunión realizada en el pasado mes de enero en San Salvador, sobre las reformas educativas en Centroamérica y República Dominicana, bajo el auspicio del BID, la AID, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial, ofreció un marco apropiado para examinar los hallazgos de experiencias y estudios realizados sobre los factores y fundamentos del cambio de los sistemas educativos, entre los cuales la participación del sector privado aparece como relevante.
La empresa privada es considerada en estos países como un aliado necesario en el diálogo, el cofinanciamiento, la definición de los perfiles ocupacionales y la formación para el trabajo, en el marco de las reformas educativas que se impulsan en la región, para enfrentar con éxito las exigencias de la competitividad, del cambio tecnológico, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En esta alianza no existen perdedores, en ella todos ganamos. La sociedad se beneficia con un proyecto educativo democrático y moderno, compartido y sostenido ampliamente por los sectores más representativos del país, sustentado en los consensos y los intereses nacionales. El Estado se verá favorecido con el apoyo político, la fuente de información para asegurar pertinencia a la oferta educativa, el financiamiento y gestión de centros y programas educativos, las pasantías profesionales en la empresa y la provisión eficiente de muchos servicios y bienes (capacitación, medición de la calidad, estudios de demanda, mercadeo social, tecnología de punta, laboratorios, etc.)
La empresa privada ganará recursos humanos educados y bien formados para aumentar la productividad, incrementar los salarios y con ello el consumo de la población, lograr un uso más eficiente de los impuestos que paga al Estado y obtener una excelente oportunidad de contribuir al desarrollo nacional cooperando con la educación, considerada la vía estratégica para lograrlo.
Esta idea empieza a calar en Panamá. Recientemente el Ministro de Educación, en actos distintos, firmó sendos convenios con dirigentes del COSPAE y del CONEP, organismos representativos de la iniciativa empresarial en el país, con la finalidad de fortalecer y crear nuevos vínculos de cooperación entre la empresa privada y el gobierno nacional, en apoyo a una gestión educativa con equidad, calidad y eficiencia, que permita la modernización y democratización de la sociedad y el Estado panameño, frente a las tareas que impone la globalización y el inicio del siglo XXI.
Estos actos reflejan confianza y visión. Confianza del empresariado en una voluntad, que debe ser nacional y unitaria, por reformar la educación, pues tiene que trascender las improductivas y desgastantes disputas entre partidos políticos y grupos de presión, para ser asumido con perspectiva de largo plazo, en beneficio de toda la población. Visión, porque el futuro de las nuevas generaciones está en juego, y sólo podrá asegurarse con una población educada con los conocimientos, competencias y valores de la nueva nación que todos debemos ayudar a crear.
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