'Fueron siete días de encierro con pan y agua'. Marcela no aceptaba el hecho de tener que prostituirse, en lugar de atender mesas en un restaurante como sus explotadores le prometieron en Pereira, Colombia, de donde es originaria.
Marcela, a quien llamaremos así para proteger su identidad, contó a las autoridades panameñas que fue cruelmente engañada porque jugaron con sus sueños de días mejores para sacar a su familia de la necesidad.
De acuerdo con informes del mercado laboral en Colombia, Pereira es la tercera capital de ese país con la mayor tasa de desempleo.
La joven de 26 años abordó el avión cargada de esperanzas, pero empezó a dudar de las promesas cuando llegó a suelo panameño porque de inmediato los dos hombres que la recibieron en el aeropuerto le quitaron su pasaporte y cédula de identidad.
Recuerda que fue secuestrada y llevada a un dormitorio con otras chicas y allí se enteró a qué venía. "Allí supe que algo andaba mal. Cuando me dijeron para qué fui traída, yo me resistí, fueron días de llanto y encierro, a punta de pan y agua; porque yo no acepté prostituirme. Pensaba en mi familia y sus advertencias; pero luego de siete días no me quedó otra que acceder. Allí empezó la pesadilla".
De inmediato sus explotadores le informaron que tenía una deuda por saldar de 2,500 dólares, dinero que le dieron para su pasaporte, boleto aéreo y otros trámites; dinero que se descontaría de sus labores en el bar: bailes eróticos y relaciones sexuales con clientes.
Lo que Marcela no imaginaba es que sus oraciones diarias habían sido escuchadas y las autoridades panameñas y colombianas ya estaban tras la pista de esa red de explotación sexual. Su pesadilla duró cuatro meses, la policía llegó al bar Jungle Night Club, ubicado en el Terraplén, San Felipe, y liberó a Marcela y a otras nueve mujeres.
Marcela regresó a su país y no tenía esperanzas en su maleta, sino recuerdos amargos, pero con la fe de superarse y empezar.
El fiscal contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, recuerda bien el caso, en el que tres personas recibieron sentencias por el orden de 12 y 16 años de prisión. Se condenó a la captadora de las chicas en Colombia y a los dos explotadores en Panamá.
"Las historias de mujeres que son traídas engañadas para ser explotadas sexualmente son muy dramáticas", relató y asintió con su cabeza como si un remolino de testimonios tristes lo envolvieran.
El silencio
En lo que va del año, la fiscal contra la delincuencia organizada abrió seis investigaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Cuatro se encuentran en investigación con dos detenciones y dos han sido cerradas porque se demostró que no había trata debido a que se buscó a las víctimas y eran situaciones distintas a las denunciadas por sus familiares a través de Interpol.
"La mayoría de los casos son denunciados por las propias víctimas o sus familiares", destacó.
Murgas admitió que el silencio de las víctimas es uno de los obstáculos que enfrenta su despacho cuando investigan estos casos. "En la mayoría de los casos, las víctimas no nos colaboran porque ese es su modus vivendi y de allí sale el dinero que les envían a sus familias a su país de origen; a pesar de la no colaboración, vemos otra gama de pruebas e indicios que ponen al descubierto el delito y a sus participantes", relató.
El funcionario detalló que las acusaciones hechas por las víctimas se enfocan en que no tienen horas fijas laborales porque trabajan las 24 horas al día, no tienen fin de semana libre, no se les paga horas extras, les cobran una penalización si no atienden a los clientes o no cumplen con sus turnos. Deben atender de 4 a 5 clientes diarios, si no cumplen se les sanciona con una multa que va de $50 a $100, que les es descontado de su salario.
Datos
- El Código Penal establece penas de 15 a 20 años de cárcel a quien incurra en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual; y si existen agravantes, la pena puede alcanzar los 30 años de prisión.
