La tortura de un solo individuo despierta la indignación de la opinión pública con justa razón. Pero la muerte de más de 30,000 niños por día por causas fundamentalmente prevenibles pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque esos niños son invisibles en la pobreza.
La erradicación de la pobreza constituye una tarea importante de los derechos humanos en el siglo XXI. Un nivel decente de vida, nutrición suficiente, atención de salud, educación, trabajo decente y protección contra las calamidades no son simplemente metas del desarrollo, son también derechos humanos.
Hay muchas insuficiencias en materia de derechos humanos, pero la denegación de esos derechos económicos, sociales y culturales está particularmente generalizada. Unos 90 millones de niños no asisten a la escuela primaria. Unos 790 millones de personas tienen hambre e inseguridad alimentaria, y unos 1,200 millones viven con menos de un dólar diario (PPA en dólares de 1993). Incluso en los países industrializados hay unos 8 millones de personas desnutridas. Solamente en los Estados Unidos unos 40 millones de personas no están amparadas por seguro de salud, y uno de cada cinco habitantes es funcionalmente analfabeto.
Tres prioridades de las políticas de derechos humanos y desarrollo:
Deben promoverse los derechos civiles y políticos a fin de potenciar a los pobres para que reivindiquen sus derechos sociales, económicos y culturales. Dados los vínculos causales entre los muchos derechos humanos, pueden reforzarse recíprocamente y pueden potenciar a los pobres para que luchen contra la pobreza. La garantía de los derechos civiles y políticos no es sólo un fin en sí misma, constituye además un buen medio para erradicar la pobreza. La garantía de la libertad de las ONG, los medios informativos y las organizaciones de trabajadores puede hacer mucho por dar a los pobres el espacio político para participar en la adopción de decisiones acerca de políticas que afectan a sus vidas.
Un acontecimiento importante del decenio de 1990 fue el florecimiento de las ONG y sus redes mundiales, que aumentaron en número de 23,600 en 1991 a 44.000 en 1999. De Guyana a Zambia, de la India a Rusia, la población está organizando grupos de la sociedad civil y ONG, adquiriendo experiencia en la defensa de sus derechos contra los desalojos, haciendo responsable al gobierno por la construcción de escuelas, por el desarrollo de la comunidad y la enseñanza de los derechos humanos y participando en innumerables otras luchas.
Las obligaciones de los Estados en cuanto a los derechos humanos consisten en poner en práctica políticas y procesos de formulación de políticas que en lo posible garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de los más desfavorecidos y que velen por su participación en la adopción de decisiones. El derecho a la vivienda, la atención de la salud y otros semejantes no significa que se pidan servicios gratuitos o un regalo del Estado. En lugar de eso constituyen la reivindicación de medidas y políticas sociales que promuevan el acceso a esos derechos por medio tanto del mercado (vivienda) como del Estado (enseñanza primaria gratuita).
Deben invertirse recursos económicos en la promoción de los derechos humanos. Las medidas relativas a los derechos humanos van desde las que son prácticamente gratuitas hasta las que requieren recursos importantes, que el presupuesto público asigne recursos para escuelas, maestros y jueces, que las empresas den condiciones de trabajo que respeten las normas laborales básicas. Pero no existe un vínculo automático entre recursos y derechos. Un ingreso elevado no garantiza que los países ricos estén libres de violaciones graves de derechos humanos, así como un ingreso bajo no impide que los países pobres hagan progresos impresionantes.
A escala mundial el gasto público en los derechos económicos y sociales es insuficiente y está mal distribuido. En Etiopía el gasto anual en servicios básicos de salud fue de sólo tres dólares por persona en el decenio de 1990, sólo el 25% de lo que requería un conjunto mínimo de medidas de salud. El déficit mundial para lograr la prestación universal de servicios básicos en los países en desarrollo asciende a 80 mil millones de dólares por año. El pacto 20:20 exhorta a que se destine el 20% del presupuesto nacional y el 20% del presupuesto de la ayuda a la satisfacción universal de las necesidades básicas. Pero el gasto suele ser muy inferior, con un promedio del 12 al 14% en treinta países según un estudio reciente, y del 4% en el Camerún, del 7,7% en Filipinas, del 8,5% en el Brasil. Los donantes bilaterales asignan como promedio sólo el 8,3%.
Los países pobres necesitan un crecimiento más rápido para generar los recursos con el fin de financiar la erradicación de la pobreza y la realización de los derechos humanos. Pero el crecimiento económico no basta por sí solo. Necesita ir acompañado de reformas de política que destinen fondos a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano, así como a la formulación de normas y la reforma legislativa para promover los derechos humanos.
Dejar de lado los derechos económicos y sociales puede menoscabar las libertades civiles y políticas, así como dejar de lado los derechos civiles y políticos puede menoscabar los derechos económicos y sociales en tiempos de calamidad y amenazas.
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