A pesar de que el Ministerio Público solicitó al ministro de Educación, Belgis Castro, que esa entidad se constituya en querellante por ser la principal afectada por la malversación millonaria de fondos educativos en San Miguelito, aún no se tiene respuesta, según informó una fuente.
Asimismo se indicó que la solicitud se realizó para diciembre pasado, pero que hasta la fecha la entidad educativa no se ha manifestado al respecto.
El requerimiento se basa en el artículo 1971 del Código Judicial, que establece que todo estamento que se vea perjudicado, debe constituirse como querellante con el fin de que colabore con la investigación.
Mientras el director de Panamá Compras, Edilberto Ruiz señaló que "hemos observado que por el ministerio de Educación, sale una violación más allá de los términos de la ley, con adjudicaciones en distintos contratos".
Reconoció que el sistema será vulnerable "si las entidades no hacen su trabajo de fiscalizar que los funcionarios cumplan con los procesos exigidos para llevar a cabo las contrataciones directas con las empresas que participan y que éstas cumplan con los pliegos de cargos".
