Alayban fue liberada el 11 de julio después de pagar una fianza de 5 millones de dólares, pero la fiscalía ordenó que se le pusiera un GPS, el cual no le permitirá salir del condado de Orange sin autorización.
La presunta víctima llegó en mayo de este año a Estados Unidos con la princesa Alayban y su familia, después de vivir casi un año con ellos en Arabia Saudita.
Después de que la mujer keniana presentó la denuncia, la policía llegó a casa de la princesa con una orden para revisar el escenario de las demás empleadas y se encontró con cuatro mujeres filipinas cuya situación no estaba clara.
Los abogados de la princesa contradicen la versión de los hechos y argumentan que se trata de niñeras que trabajan para la familia y que incluso, habían viajado en primera clase a Estados Unidos. "Estas mujeres tenían teléfonos celulares, Internet, Facebook, y la familia, incluso compró televisión de cable para todas ellas", explicaron los abogados Paul Meyer y Jennifer Séller. "Todas disfrutaban de un spa, gimnasio y piscina y a menudo iban de compras a centros comerciales del barrio, con todos los gastos pagados por la familia ", aseguraron en un comunicado.
Un tribunal del condado fijó la lectura formal de los cargos de Alayban para ayer 29 de julio, pero lastimosamente la princesa no se presentó a la primera audiencia ante el juez de la Corte Superior del condado de Orange. Entonces, recibió la orden de comparecer ante el tribunal en septiembre.
Muchos otros hogares de la región del Golfo Pérsico son acusado de explotar a sus empleadas del servicio, les retienen el pasaporte y las hacen trabajar más de las horas permitidas al día.
