En Panamá, desde que a finales del siglo XIX, se hicieron notar nuestros primeros escritores significativos, quienes nos dedicamos con fervor a la creación literaria hemos sido desestimados y, a menudo, ignorados por completo por casi todos los gobiernos que se han sucedido en el poder, y también por la empresa privada. Aunque por supuesto se han dado excepciones; casos de autores importantes cuya fuerte personalidad y valiosa obra no podía ocultarse, e incluso coyunturas políticas en las que algunos fueron especialmente favorecidos. Pero sin duda, no ha sido lo usual.
Los escritores, en términos generales, siempre hemos tenido que luchar contra la sostenida indiferencia de gobernantes y empresarios, la frustrante realidad de los pocos lectores, la falta de críticos preparados e imparciales, la ausencia de casas editoriales, la inexistencia de conquistas gremiales y sociales. Así, la autopublicación ha sido, durante más de un siglo, la principal fuente de acrecentamiento de la bibliografía nacional. Y sin embargo ésta, con explicables altibajos en calidad y frecuencia, jamás ha dejado de enriquecerse con obras meritorias que, desafortunadamente, no son legión los que la consultan.
PROLIJA CREACION VS POCO INCENTIVO
Si el escritor auténtico escribe por necesidad vital; si sus obras reflejan, interpretan, cuestionan o celebran diversos aspectos de la vida individual y colectiva; si al publicarse enriquecen no sólo la bibliografía nacional sino el mismísimo patrimonio cultural de la nación, entonces el trabajo literario merece ser incentivado y difundido como algo inherente a la identidad que nos expresa en sociedad. Sin embargo, esto muy poco ocurre en Panamá.
Por otro lado, es lamentable que los escritores panameños, pese al talento y a los esfuerzos que casi todos hacen por superarse, hayan sido incapaces de organizarse en un gremio pujante e imaginativo que defienda sus derechos y funde espacios permanentes de dignidad social y expresión. Los pocos intentos se han desbaratado al poco tiempo ante el carácter generalmente poco gregario, poco altruista, anárquico de muchos; o debido a viejas y caducas diferencias ideológicas que bien podrían superarse. También al inexorable ego artístico, el celo profesional y las antipatías que nunca faltan entre colegas en este Panamá del sancocho y la zancadilla.
¿Y EL INAC QUE?
Pero ante todo esto cabe también la pregunta: ¿qué hace el Instituto Nacional de Cultura por los escritores en los últimos años? ¿Qué libros publica, que no sean los que por Ley deben editar cuando sus autores ganan el Concurso Literario Ricardo Miró? El no tener presupuesto -la excusa de siempre- no es excusa.
Me atrevo a especular que esa falta de apoyo a los escritores panameños - que, por cierto, tampoco han sabido exigir nada- por parte del INAC de los últimos tiempos, se debe a por lo menos tres razones de peso. Por un lado, es obvio que no existe la convicción entre quienes asignan el presupuesto a la entidades estatales de que la Cultura merece una partida cónsona con las más elementales funciones inherentes a la existencia misma del INAC. Con un presupuesto escuálido, cuya asignación apenas rebasa el pago de salarios y el tradicional mantenimiento de monumentos, difícilmente se puede ejercer la creatividad y orientar la Cultura por nuevos derroteros.
Por otra parte, en cualquiera de sus administraciones -es decir, en todas-, al INAC le ha faltado una sólida política cultural para el país; y dentro de esta gravísima carencia, por supuesto que tampoco existe una política editorial. Esto, a pesar de dos Encuentros Nacionales de Política Cultura realizados en diversos gobiernos del PRD. Por último -pero no en último lugar-, ocurre que los dos factores anteriores, aunados a una crónica apatía interna o incapacidad (tal vez ambas cosas) de muchos de los funcionarios que tendrían que aportar nuevas ideas, voluntad de trabajo innovador y genuino amor por la cultura en el desempeño cotidiano de estos menesteres, produce una especie de castración imaginativa que impide romper los estrechos y rígidos moldes que determinan el comportamiento de las instituciones estatales.