Los Estados que ratificaron el Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO celebran desde el martes 27 su primera asamblea general, en la que adoptarán un reglamento y elegirán a los miembros del Comité Intergubernamental encargado de aplicarlo.
Los trabajos concluirán hoy jueves, tras haber determinado igualmente la contribución de los Estados pertenecientes -en la actualidad 52- al Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Este Convenio del Patrimonio Inmaterial protege ahora las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, "en su calidad de vectores de dicho patrimonio", las artes escénicas, las prácticas sociales, los rituales, los acontecimientos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, así como las técnicas artesanales tradicionales.
En la primera reunión del Comité participan los representantes de los 45 países que ratificaron el Convenio del Patrimonio Inmaterial antes del 30 de marzo de 2006.
España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Grecia, Estados Unidos y Canadá son algunos de los países que todavía no ratificaron el Convenio.
Sólo seis países iberoamericanos brindaron ya su apoyo a este nuevo instrumento jurídico internacional: Panamá, Perú, México, Nicaragua, Bolivia y Brasil.
Al haber ratificado el Convenio antes de marzo de 2.006, estos seis países podrán participar en la asamblea, al igual que Argelia, Japón, China, India, Siria, Emiratos Arabe, Mali, Mongolia, Croacia, Egipto, Senegal, Rumanía, Bélgica, Luxemburgo, Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania, Turquía o Macedonia
El Comité que elegirá la asamblea estará integrado inicialmente por 18 miembros y tendrá entre sus principales misiones la de examinar las solicitudes de inscripción en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Una lista creada a imagen de la del Patrimonio Mundial que, desde mediados de la década de los años 70 del siglo XX, protege los bienes culturales, monumentales y paisajísticos del planeta, y constituye uno de los programas más arraigados y conocidos de la UNESCO.
En la actualidad, 812 bienes de 137 Estados miembros -628 culturales, 160 naturales y 24 mixtos- están inscritos por su valor "universalmente excepcional" en la Lista del Patrimonio Mundial.
Aunque todavía por crear, la Lista del Patrimonio Inmaterial cuenta en su haber con 90 obras maestras, proclamadas en tres ceremonias sucesivas, celebradas en la UNESCO en 2001, 2003 y 2005, por recomendación de un Jurado internacional de expertos y personalidades.
Al igual que el Comité del Patrimonio Mundial, en el que se inspira, el Comité del Patrimonio Inmaterial deberá también elaborar una segunda Lista del Patrimonio Inmaterial en Peligro, con obras gravemente amenazadas que necesitan una atención particular.
El futuro Comité, llamado a tener 24 miembros, celebrará su primera reunión este otoño, meses después de que el Comité del Patrimonio Mundial, que se reunió por primera vez en 1978, celebre su 30 sesión, en Lituania, del 8 al 16 de julio próximos.
La idea de proteger el patrimonio mundial surgió tras la Primera Guerra Mundial y tardó varias décadas en tomar forma de Convenio internacional de la UNESCO, en 1972, tras la fusión de dos movimientos muy diferentes, uno centrado en las amenazas que pesaban sobre los sitios y monumentos culturales del planeta, el otro sobre la necesidad de preservar la naturaleza.
El Convenio del Patrimonio Inmaterial fue adoptado en octubre de 2003 por la Conferencia General de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para completar sus esfuerzos normativos en defensa del patrimonio cultural de la humanidad.
Los Estados que lo ratifican se comprometen a garantizar la salvaguardia de su propio patrimonio cultural inmaterial y también a inventariarlo, en colaboración con los grupos que lo crean, lo cuidan o lo transmiten, resaltó la UNESCO.
Panamá es uno de los seis países iberoamericanos que ratificó el Convenio del Patrimonio Inmaterial de UNESCO.
El Convenio entró en vigor el pasado 20 de abril, tres meses después de su ratificación por los primeros treinta países.
Los signatarios prometen participar en una estrategia de cooperación y de asistencia internacional.
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