El procurador de Venezuela, Carlos Escarrá, negó hoy que exista "una sola expropiación" contra Nelson Mezerhane, exdueño del Banco Federal y quien interpuso una demanda en Estados Unidos contra el país suramericano bajo esta acusación.
"En el caso Mezerhane no existe una sola expropiación, ese señor es un mentiroso, es un delincuente y como delincuente a él se le intervino un banco", indicó Escarrá a la televisión estatal, al asegurar que los poderes del Estado se quedaron "muy cortos" contra ese "delincuente".
El procurador se refirió así a la demanda que Mezerhane, también accionista del canal privado Globovisión, interpuso en Estados Unidos contra Venezuela y varios funcionarios de ese país exigiendo una compensación de mil millones de dólares por la expropiación de sus bienes.
Según informó a Efe uno de sus abogados el pasado día 9, Mezerhane presentó la demanda en un tribunal federal de Miami arguyendo que el Gobierno de Hugo Chávez se apoderó de su entidad financiera, acciones y otras propiedades por "persecución política".
"Jamás se ha dictado un decreto de expropiación que le haya afectado su propiedad (...) Nosotros, por el contrario, nos hemos quedado muy cortos en las acciones que el Estado ha debido hacer", señaló Escarrá.
Mezerhane era dueño del Banco Federal, que fue intervenido en junio de 2010 por las autoridades bancarias de Caracas alegando problemas de liquidez, en una decisión que la Asociación y el Consejo bancarios de Venezuela consideraron en aquel momento "oportuna".
Sin embargo, el banquero atribuyó la medida a un pase de "factura" política por la posición crítica que mantiene Globovisión contra el Gobierno.
El banquero, que pidió asilo político en Estados Unidos, era accionista de ese canal privado y se negó a entregar al Gobierno sus acciones, que representaban el 20 % del capital de la empresa.
El Ejecutivo luego asumió el control de esas acciones, tras liquidar la empresa Sindicato Ávila C.A., perteneciente al Banco Federal.
Según el abogado de Mezerhane, Pedro Martínez-Fraga, en la demanda de 124 páginas se mencionan como demandados a la República Bolivariana de Venezuela, a la Superintendencia Nacional de Bancos y al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, entre otros.
