Cientos de personas marcharon hoy en Lima para exigir que las víctimas del conflicto interno desencadenado en Perú entre 1980 y 2000 obtengan reparaciones económicas individuales que, pese al compromiso del Gobierno, siguen sin concretarse.
La secretaria de organización de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política de Perú (Conavip), Doris Caqui, precisó a Efe que el Gobierno peruano es el encargado de aprobar un presupuesto propio de reparaciones individuales.
Según Caqui, el Ejecutivo de Alan García se ha comprometido a poner en funcionamiento el programa de reparaciones individuales este año y debe emitir un decreto para conformar una comisión técnica que establezca las condiciones de pago.
"Treinta años de espera es demasiado, no podemos seguir viendo cómo nuestros hermanos mueren sin haber alcanzado justicia", apuntó la representante tras reunirse con el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, junto a delegados de víctimas de quince regiones.
Por su parte, la defensora del pueblo de Perú, Beatriz Merino, pidió agilizar el Registro Único de Víctimas e implantar los programas de reparaciones individuales económicas, sanitarias y educativas, que consideró "la principal demanda de las víctimas".
Los futuros beneficiarios de las indemnizaciones deben ser víctimas o familiares de fallecidos, desaparecidos o personas que hayan sufrido violaciones o discapacidad durante la guerra interna.
Hasta el momento, 76.382 personas están inscritas en el Registro Único de Víctimas, pero no todas ellas son beneficiarias, señaló a Efe la coordinadora de Evaluación del Consejo de Reparaciones, Susana Cori.
Este organismo, encargado de registrar a las víctimas del conflicto interno desde 2007, tuvo como principales obstáculos su escaso presupuesto, de unos 3 millones de soles (1 millón de dólares), y cuestiones administrativas, que impidieron contratar al personal suficiente, explicó Cori.
"Han pasado muchos años desde las violaciones de derechos y las personas no tienen acceso a documentos", por lo que se recurre a otros expedientes y al cruce de bases de datos, añadió.
A su juicio, la etapa para reunir toda la información debería culminar a finales de 2010 y después habría que evaluar los datos y entregar los certificados y las reparaciones individuales.
"El 50% de las víctimas registradas aún no tienen certificado, pero el derecho a percibir una reparación se genera con la inscripción en el registro, no con el certificado", sostuvo Cori.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que lleva adelante el Plan de Reparaciones Colectivas, Jesús Aliaga, opinó que las indemnizaciones individuales están condicionadas al fin del proceso de registro.
Para Aliaga, la principal dificultad fue tener que elaborar el citado registro "desde cero", ya que las bases de datos preexistentes eran "muy incompletas", incluidos los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Sólo en reparaciones colectivas, señaló, se han invertido 156 millones de soles (55 millones de dólares) entre 2007 y junio de 2010, para reparar un total de 1.338 poblaciones donde hubo masacres y destrucción material.
Aún no se ha especificado cuál sería el monto de la reparación individual, pero Aliaga consideró que la comisión multisectorial estará en marcha a partir de agosto, coincidiendo con el mes en que se presentó hace siete años el informe de la Comisión de la Verdad.
Entonces, se divulgó que la guerra entre Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las fuerzas del Estado había dejado casi 70.000 muertos y cientos de miles de afectados, la mayoría campesinos pobres del interior del país.
Entre sus propuestas, la CVR advirtió que las reparaciones son distintas a los programas de desarrollo y tienen por objetivo único resarcir del daño a las víctimas de la violencia política.
El secretario ejecutivo de la CMAN admitió que muchas víctimas son desplazados internos, a quienes no les ha llegado la reparación colectiva, por lo que en agosto comenzará programas de acceso a la financiación empresarial y de atención sanitaria.
