La desafortunada gestión canalera del actual gobierno, del cual Martín Torrijos es responsable, ha generado ya efectos nocivos, que es preciso corregir cuanto antes. En este sentido se observa una desconfianza preocupante de parte de los usuarios de la vía interoceánica en cuanto a nuestra capacidad de administrarla con eficacia. No menos grave es el creciente descontento que existe en las filas de los trabajadores del Canal, quienes no solo sienten su estabilidad laboral afectada, sino la propia seguridad del Canal amenazada por súbitos cambios en sus procedimientos de operación. Nada de ello debió ocurrir y nada de ello habría ocurrido si el actual gobierno hubiese manejado el tema como cuestión de Estado.Tal será la política canalera de mi equipo de trabajo de Unión por Panamá, cuya aproximación a la administración del Canal de Panamá estará inspirada siempre por la búsqueda del consenso, la eficiencia y la conciencia de la responsabilidad internacional que tan importante función impone a la República, es decir: administrar con juicio, probidad, responsabilidad y serenidad, en una palabra con "madurez", una empresa que, por su carácter de servicio público internacional, atraerá sobre nosotros la mirada escrutadora de las naciones más poderosas del orbe, que tienen un legítimo interés en el eficiente funcionamiento de la vía interoceánica. La seguridad del Canal de Panamá está en entredicho por intereses económicos de un grupo político que todo lo privatiza, todo lo politiza y todo lo corrompe. Qué ha dicho Martín Torrijos sobre esto: nada, nada porque él avala todo lo actuado por este gobierno.
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