Los abogados de derechos humanos José Aylwin y Jaime Madariaga manifestaron hoy su satisfacción tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de someter a juicio al Estado chileno por su política penal discriminatoria contra el pueblo mapuche.
Tanto Aylwin, director de la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano, como Madariaga, abogado patrocinante de una de las denuncias ante la CIDH, "valoraron la decisión" y explicaron que Chile arriesga sanciones diversas que van desde la indemnización a las víctimas y se garantice la no repetición de vulneraciones de esta naturaleza, hasta modificaciones legales, entre otras.
Aylwin recordó que la CIDH, tras constatar la existencia de discriminación en la aplicación de ley antiterrorista a la protesta social mapuche, decidió trasladar a la Corte las denuncias recibidas por las situaciones que afectaron a los comuneros acusados en el marco del caso Poluco Pidenco -un ataque incendiario-, los lonkos (jefes mapuches) Pascual Pichun y Aniceto Norin, y Víctor Ancalaf.
"El caso ingresó a la Corte el pasado 7 de agosto, considerando la entidad internacional que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo", recalcó el letrado.
"Es un elemento novedoso en la jurisprudencia del sistema interamericano, porque sería la primera vez que llega a la Corte un caso en que se da la aplicación discriminatoria de una ley en contra de personas pertenecientes a un pueblo indígena", explicó el abogado Jaime Madariaga en una rueda de prensa conjunta ofrecida en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile.
En la misma línea, Aylwin valoró la decisión de la Comisión considerando "que es un reconocimiento de lo que se ha venido sosteniendo por muchos años por organismos de derechos humanos y por instancias de Naciones Unidas, en el sentido que la aplicación de esta legislación (ley antiterrorista), contraviene derechos procesales y derechos humanos fundamentales y ha sido discriminatorio".
Madariaga aclaró además que si bien no se trata de un juicio penal ni civil, el Estado chileno arriesga sanciones que van desde indemnizar a los afectados hasta modificar su normativa legal, entre otras.
El abogado recalcó que "lo interesante es que el acusado ahora no son los lonkos (jefes mapuches), sino es el Estado chileno, por haber violado los derechos humanos de quienes fueron injustamente condenados."
Para ambos abogados las posibilidades de condena real son muy altas, porque ya la Comisión Interamericana, que la integran abogados de toda América, han estimado que efectivamente las violaciones son muy concretas y claras, y que ha habido una aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche.
"Las condenas de la justicia chilena a estas personas mapuche han tenido como elemento esencial un supuesto contexto que nunca se probó en los juicios, como por ejemplo que los jueces se habrían enterado a través de los medios de comunicación y esa no es la forma de probar los hechos en un juicio", dijeron los letrados.
Frente a la consulta sobre qué pasaría si el Estado no cumple con la sentencia que emita la Corte, Madariaga fue enfático al señalar que "un Estado que deja de cumplir sus obligaciones frente a la comunidad internacional no es un Estado que merezca el respeto universal".
El abogado Elías Paillán, perteneciente a la misma ONG, dijo a Efe que los tres lonkos acusado por el ataque incendiario a la hacienda Poluco-Pidenco, de la empresa Forestal Mininco S.A., ocurrido el 19 de diciembre de 2001, fueron sentenciados en 2003 a cinco años y un día de prisión.
