Una empresa mexicana proveedora de Pemex Petroquímica y tres empleados de esta compañía pública enfrentarán una denuncia penal por haber permitido la adquisición con sobreprecio de 177 mascarillas en 2010, informó hoy la Secretaría de la Función Pública de México (SFP, contraloría).
En un comunicado la dependencia informó de que en la operación "se registraron actos de simulación y parcialidad, así como "acciones concertadas entre los servidores públicos y el proveedor", la empresa Importaciones, Productos y Servicios (Improser), en detrimento de la filial de Pemex.
"Esta situación llevó a favorecer indebidamente a la empresa Improser, quien vendió dichos equipos con sobreprecio" del 24%, detalló la Función Pública, que actúa como mecanismo de contraloría del Gobierno federal mexicano.
"Adicionalmente Improser presentó un documento (después se comprobó que era falso) que la acreditaba como el único distribuidor autorizado en México de equipos de la marca y características requeridas por Pemex", agrega el boletín.
Improser ya había sido multada en 2007 por una "compra irregular" de extintores para Pemex. Entonces fue inhabilitada por cinco años y recibió una multa por 1,5 millones de pesos (125.000 dólares), la máxima permitida por la ley. Además, dos empleados de Pemex Refinación también fueron inhabilitados.
Ahora el representante legal de Improser, Óscar Ibáñez Soriano, enfrentará cargos penales por "la asignación indebida del contrato, basada en la presentación de documentos falsos y en la convocatoria a participar en un proceso de adjudicación que, finalmente, no se llevó a cabo".
Además se deslindarán responsabilidades penales a tres empleados de Pemex Refinación, informó la SFP.
Estos son el superintendente de la Gerencia de Adquisiciones, Carlos Navarro, y el subgerente de Adquisiciones, Carlos Reyes, ambos adscritos a Pemex Petroquímica, destituidos e inhabilitados por tres años.
Además la dependencia "suspendió por sesenta días al superintendente de Seguridad Industrial, del Complejo Petroquímico Morelos", Jesús Bonilla.
La demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) se presenta "por uso indebido de atribuciones y facultades" en "la compra irregular y con sobreprecio del equipo" en Pemex Petroquímica, concluye el comunicado de la SFP.
El pasado 26 de enero, la SFP sancionó a catorce funcionarios de Pemex con una multa total de 427 millones de dólares por manipular procesos de licitación y contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque por cinco años.
