La justicia de Sao Paulo aceptó hoy la petición de la Fiscalía para abrirle juicio a trece personas acusadas de haber sido responsables por un derrumbe en las obras de ampliación del metro de la mayor ciudad brasileña en 2007 que dejó siete muertos, informaron fuentes oficiales.
La denuncia contra trece funcionarios del metro y de la empresa responsable por las obras subterráneas en la época fue aceptada por la juez primera del foro de Pinheiros, Margot Chrysostomo Correa Begossi, informó hoy el Ministerio Público.
El accidente ocurrió el 12 de enero de 2007, cuando un derrumbe en uno de los subterráneos excavados para ampliar el metro de Sao Paulo abrió un enorme cráter en la región de Pinheiros, oeste de la ciudad, que literalmente se tragó algunos vehículos y las casetas que servían de oficinas en las obras.
De los muertos, tres se dirigían hacia una estación del tren, dos estaban en un microbús tragado por la tierra, otra estaba pasando cerca del local en el momento del accidente y la última era el conductor de uno de los camiones utilizados en las obras.
Tras la decisión de la jueza, las trece personas contra las que la Fiscalía había formulado cargos el martes pasan a ser tratados como reos en un proceso por homicidio culposo (sin intención), negligencia e imprudencia.
Entre los acusados figura el ex director del consorcio responsable por las obras, un ex gerente del metro de Sao Paulo y once técnicos que trabajaban en el proyecto.
Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía utilizó los resultados de las investigaciones del Instituto de Criminalística de la policía de Sao Paulo, que descartó que el derrumbe hubiese sido una fatalidad, como sustenta el consorcio constructor.
Las investigaciones determinaron que el derrumbe en los subterráneos fue provocado por diversas causas que podían haber sido evitadas.
La bóveda subterránea que se derrumbó y que ya contaba con paredes de cemento tenía 40 metros de profundidad y 40 metros de diámetro.
El derrumbe abrió un agujero de cerca de ochenta metros de diámetro y obligó a las autoridades a desalojar a los habitantes de unas ochenta casas vecinas a calles en las que quedaron profundas grietas y algunas de las cuales finalmente fueron demolidas.
