El Gobierno de José Raúl Mulino adoptó un plan nacional para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante una mayor coordinación entre las instituciones responsables de garantizar sus derechos y atender situaciones de vulnerabilidad.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 12 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de octubre. El documento establece las bases para implementar el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en cumplimiento de la Ley 285 de 2022.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), busca articular las políticas públicas, los servicios de protección y los mecanismos de respuesta de las distintas entidades del Estado, con el propósito de evitar que la atención de los menores dependa de esfuerzos institucionales aislados.
Entre sus principales objetivos está mejorar la prevención de la violencia, reforzar los mecanismos de protección frente al abuso y otras vulneraciones de derechos, así como facilitar la detección temprana de situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar de la población infantil.
El plan también contempla acciones para ampliar la participación de niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les afectan y promover el acceso a servicios esenciales como educación, salud y protección social.
Otro de los aspectos que aborda es la atención de las desigualdades que afectan a menores de comunidades rurales, indígenas y otros sectores en condiciones de vulnerabilidad, donde el acceso a servicios y mecanismos de protección puede presentar mayores dificultades.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, ha destacado la importancia de avanzar hacia un modelo de protección integral que permita superar la fragmentación institucional y garantizar respuestas oportunas ante las necesidades de esta población.
La estrategia reconoce que la responsabilidad de proteger a la niñez no corresponde únicamente a una entidad, sino que requiere la participación coordinada del Gobierno, las autoridades locales, las organizaciones sociales, las familias y las comunidades.
Para su ejecución, se establecieron tres fases de implementación progresiva que incluyen la organización institucional, el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y la adecuación de los mecanismos de coordinación entre los actores involucrados.
El proceso también contempla la participación de instancias nacionales, provinciales y comarcales, además de la formación de funcionarios y la articulación de políticas públicas con enfoque de derechos.
El documento establece mecanismos de seguimiento y evaluación para acompañar el desarrollo de las acciones previstas y verificar los avances en la implementación del sistema.
Con esta estrategia, Panamá busca avanzar hacia un modelo que no se limite a intervenir cuando los derechos de un menor ya han sido vulnerados, sino que priorice la prevención, la identificación de riesgos y la atención integral.
El reto estará en trasladar las disposiciones del plan a servicios y acciones concretas en todo el país, de manera que la coordinación institucional se traduzca en una protección efectiva para niños, niñas y adolescentes.
