Activistas de seis organizaciones no gubernamentales de derechos humanos demandaron hoy al Congreso de Guatemala la aprobación de leyes que garanticen la justicia para las 24.000 personas que han sido asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 en el país centroamericano.
Durante un plantón frente al Parlamento, donde levantaron una especie de altar con piñatas que simulaban la muerte y lápidas, la activista Claudia Samayoa reclamó a los diputados leyes que garanticen la seguridad y la justicia a la población.
"Este altar conmemora a las 24.000 personas que han sido asesinadas desde 1996 y que no hubiera muerte de existir leyes que beneficien a los guatemaltecos y no leyes con tinte electoral", enfatizó la dirigente de la Unidad de Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Samayoa explicó que el plantón frente a la puerta principal de ingreso al Congreso, que duró pocos minutos, se organizó con motivo del Día de Difuntos que se conmemora hoy en Guatemala.
Por su parte, Jorge Santos, del Centro de Investigación Internacional de Derechos Humanos (Ciidh), denunció que los diputados y partidos políticos no le están ofreciendo nada a la juventud y a la niñez.
"Los partidos lo único que ofrecen a los jóvenes es la cárcel al ser estigmatizados como pandilleros o un panteón a partir de la pena de muerte", manifestó.
Santos recordó que el 2009 cerró en Guatemala con más de 6.000 personas asesinadas de forma violenta y el Congreso "lo único que hace bien es el show político al restituir el indulto presidencial".
A principios de octubre pasado, el Parlamento aprobó una ley que restituye el indulto, lo cual da luz verde a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, pero la normativa todavía tiene que ser ratificada o vetada por el jefe de Estado, Álvaro Colom.
Colom ha anunciado que vetará esa ley porque contraviene los principios fundamentales del respeto a los derechos humanos.
Los partidos políticos, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el poder, y los opositores Partido Patriota (PP), Libertad Democrática (Líder) y Frente Republicano Guatemalteco (FRG), entre otros, deben preocuparse en legislar por la seguridad y la justicia, apuntó.
Los activistas reclamaron al Congreso la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio para que los recursos y bienes que se confisquen al crimen organizado sean utilizados para proteger a la población.
También que se apruebe una ley para la creación de una policía de investigación criminal, una normativa que favorezca a la juventud y otra de desarrollo rural que beneficie a los indígenas y campesinos.
Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla el 29 de diciembre de 1996.
Además de Udefegua y el Ciidh, también participaron en el plantón el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha), Seguridad y Democracia (Sedem) y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
