Familiares de las más de 100 víctimas que dejó la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 denunciaron hoy la intromisión del Gobierno colombiano en el juicio a uno de los acusados, en una carta a la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, Carina Knaul de Albuquerque e Silva.
René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas en esa toma, explicó a Caracol Radio que él y los demás familiares harán llegar la carta a la relatora aprovechando su visita oficial a Colombia, que comienza hoy.
Según Guarín, el Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo, está intentando favorecer, con presiones a la juez que lleva su caso, al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien tuvo a su cargo la respuesta militar a la ocupación guerrillera del palacio.
Los denunciantes estiman en su carta que esa actitud representa una "clara intromisión del Ejecutivo en la independencia de la rama judicial".
"Solicitamos a usted iniciar las investigaciones respectivas para levantar una voz de advertencia al Ejecutivo (...) sobre el respeto y acatamiento que le debe a la rama judicial", concluye la misiva dirigida a la relatora de Naciones Unidas.
El 6 de noviembre de 1985 un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de abril ocupó el Palacio de Justicia de Bogotá, que albergaba la Corte Suprema y el Consejo de Estado, entre otras instituciones, acción a la que los militares respondieron con dureza.
En las 27 horas en que el edificio estuvo tomado por unos y otros murieron más de 100 personas, desde magistrados y guerrilleros hasta administrativos y empleados de la cafetería, y otras once fueron dadas por desaparecidas.
Casi un cuarto de siglo después no hay una sola condena, aunque diez militares son investigados, entre ellos Plazas Vega.
En el marco de su visita a Colombia, que se prolongará hasta el próximo 16 de diciembre, la brasileña Albuquerque e Silva se reunirá hoy con el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, informaron fuentes de esa cartera.
Además, su visita llega en un momento de fuertes desavenencias y críticas entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la elección del nuevo Fiscal General, trabada desde hace meses.
El Gobierno anunció este fin de semana su disposición a restablecer la cartera de Justicia, unida al Ministerio del Interior desde 2002.
