La agrupación política ecuatoriana "Ruptura de los 25" decidió hoy separarse del Movimiento Alianza País, del presidente Rafael Correa, en oposición al referendo que impulsa el Ejecutivo para, entre otros fines, reestructurar el sistema judicial.
Tras una asamblea de sus miembros que duró hasta las 4 de la madrugada de hoy, hora local, 9.00 GMT, el pequeño grupo político tomó la decisión de romper sus vínculos con el Gobierno, según confirmó a Efe una fuente de la agrupación.
"Ruptura de los 25", fundado en 2004, cuenta con una asambleísta, María Paula Romo, que votaba junto con Alianza País en la Legislatura.
También pertenecen al grupo el secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, y la secretaria de Pueblos y Nacionalidades, Alexandra Ocles. Ambos han renunciado a sus cargos, según la fuente.
En el municipio de Quito es parte de la agrupación el concejal Norman Wray, quien también se ha separado de la bancada aliada al Gobierno en el consejo.
La agrupación ofrecerá una rueda de prensa hoy a las 10.30, hora local, 15.30 GMT, para dar detalles sobre su decisión.
Alianza País perdió esta semana a dos asambleístas, Betty Amores y César Gracia, que se apartaron de ese movimiento también por su oposición a la consulta popular que impulsa Correa.
En una audiencia ayer ante la Corte Constitucional, Amores criticó la pregunta referente a la reestructuración de la función judicial pues, en su opinión, "violenta el principio de independencia de la función Judicial" contemplado en la Constitución.
Por su lado, Gracia dijo esta semana a Efe que el referendo es "inconstitucional" y reproduce "vicios del pasado de politizar la Justicia".
La consulta propone una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
También plantea convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros y gallos.
Además, en la iniciativa se contempla la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
La Corte Constitucional analiza actualmente la legalidad de las preguntas.
