La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en Tegucigalpa el hostigamiento a jueces que manifestaron su oposición al golpe de Estado del 28 de junio y que los militares están decidiendo qué se hace en materia de derechos humanos en el país.
"El día de hoy sigue el acoso, el hostigamiento, a puntos fundamentales del Estado de derecho, como son los jueces", dijo en rueda de prensa Javier Zúñiga, jefe de una delegación de AI que se encuentra en Honduras desde la semana pasada para hacer un "inventario" de los afectados por el golpe contra Manuel Zelaya.
"En este momento que hablo hay varios jueces compareciendo ante la Corte Suprema en un comité disciplinario por haber manifestado su oposición al golpe de Estado y algunos de ellos por haber estado en las inmediaciones de alguna manifestación", apuntó.
Según el activista, que finaliza su misión mañana, viernes, las Fuerzas Armadas "están en estos momentos (...) determinando qué es lo que se hace en materia de derechos humanos".
Zúñiga informó de la muerte ayer, miércoles, de un hombre de 32 años que se encontraba en coma desde el viernes pasado, cuando recibió un disparo en la cabeza tras pasar con su vehículo un retén militar, y que, según dijo, recibió la visita de dos militares luego de salir de la sala de operaciones.
"Vamos a seguirlo como un caso modelo para ver qué pasa", anunció sobre el incidente, que -según AI- se produjo sin mediar advertencia militar, mientras que un portavoz castrense consultado por Efe aseguró que se debió a que no se detuvo en el control y conducía a exceso de velocidad.
El activista de la agrupación defensora de los derechos humanos exigió un "proceso de rendición de cuentas por todo lo que ha sucedido en este país alrededor de la crisis política", que, en su opinión, "tiene que ser investigada por una autoridad independiente que sea respetada".
Además, "tiene que empezar inmediatamente el proceso de reparación de los daños creados por el golpe de Estado, daños a la integridad física, daños en el Estado de derecho, daños en la credibilidad de las instituciones", comentó.
"La gente no quiere ni irse a quejar porque no tiene ninguna confianza en la Policía o en la Procuraduría de Derechos Humanos", añadió.
Con varios proyectiles de goma y bombas lacrimógenas vacías encima de la mesa, Zúñiga se quejó de la utilización de esos medios por policías que no tienen capacidad para usarlos, y la falta de capacitación a los médicos para atender a los heridos de sustancias químicas.
"Exigimos que se establezcan esas estadísticas", indicó, tras subrayar que no existen referencias sobre el número de heridos, detenidos y muertos en el marco del conflicto, y asegurar que "muchos arrestos no han sido registrados".
