Al menos 1.741 civiles han sido ejecutados desde 1984 por policías y militares de Colombia para ser presentados ante sus superiores como guerrilleros muertos en combate y obtener a cambio beneficios económicos, medallas o promociones, según un informe presentado hoy por una organización no gubernamental (ONG).
Así lo recoge el documento "Deuda con la humanidad: 23 años de falsos positivos", elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ONG de la comunidad jesuita.
El informe advierte, no obstante, que la cifra de 1.741 asesinados es tan solo una "aproximación" pues "muchas víctimas quedan en el olvido por el silencio o silenciamiento de las víctimas y sus familiares y porque los mecanismos de impunidad impiden recoger todos los casos".
Además, señala que el mayor número de casos de "falsos positivos", como se conoce este tipo de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, sucedió entre 2005 y 2008, época que coincide con el mandato del presidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), quien hizo de la lucha contra la guerrilla una prioridad nacional.
El gran escándalo de los "falsos positivos" salió a la luz precisamente en 2008, cuando la prensa destapó que por lo menos 11 jóvenes sin ningún tipo de vinculación con los rebeldes y pertenecientes al humilde municipio de Soacha, a las afueras de Bogotá, habían aparecido en el noreste del país como guerrilleros muertos en combate.
La revelación de dichas ejecuciones extrajudiciales provocó el relevo de 27 militares, todos ellos de las regiones de los hallazgos, y la posterior renuncia del entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
Aunque el Cinep descarta que estas ejecuciones extrajudiciales se llevaran a cabo como política de Estado, tampoco considera que hayan sido casos aislados.
En ese sentido, recuerda un informe de 2009 del relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Phillip Alston, el cual indica que las prácticas de los "falsos positivos" fueron "llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".
Y agrega que en los seis primeros meses de 2011, durante el Gobierno del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien se ha comprometido públicamente con la defensa de los derechos humanos, se han presentado ocho casos que han dejado 17 muertos.
Los departamentos con mayor incidencia del fenómeno son, según el informe, Antioquia (noroeste), con 393 víctimas documentadas desde 1988 hasta la actualidad; seguido de Meta (centro), con 114; Huila (suroeste), con 110; Norte de Santander (noreste), con 90, y Santander (noreste), con 86.
